El Gobierno de Castilla-La Mancha va a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que le obliga a readmitir a unos 400 interinos despedidos en agosto de 2012 y a pagarles el dinero que han dejado de percibir.
El Ejecutivo regional ha anunciado su recurso de casación contra la sentencia del tribunal autonómico, que ha dado la razón a los sindicatos UGT y STAS contra la decisión de la Junta de suprimir unas 700 plazas de empleados públicos, de las que unas 400 estaban ocupadas por interinos.
El Gobierno castellanomanchego ha manifestado que respeta pero no comparte la sentencia, que sostiene que se vulneró el derecho a la libertad sindical, pues la negociación sobre la supresión de plazas no fue real, sino un trámite.
El Ejecutivo autonómico ha advertido de que esta decisión «podría hacer inútiles todos los esfuerzos realizados por los ciudadanos, que han permitido estabilizar las finanzas» de la comunidad autónoma «y garantizar los servicios sociales, la educación y la sanidad a los castellanomanchegos».
El Gobierno ha recordado el clima de tensión en que se desarrolló la negociación, con concentraciones en la puerta del recinto en que se llevó a cabo, y que, según la Junta, hizo necesaria «la intervención de agentes de seguridad para garantizar la continuidad de la reunión, tras los capítulos violentos que se producían en el exterior».
También ha apuntado que, en contra de lo sostenido por el fiscal inicialmente, en el informe de conclusiones del 25 de octubre del pasado año el fiscal superior de la región señalaba que los indicios apuntados por los sindicatos «no habían sido acreditados o no tenían la suficiente entidad para concluir en la vulneración del derecho fundamental denunciado».