La secretaria general de FSP UGT Castilla-La Mancha, Carmen Campoy, acompañada por Beatriz Tormo y el responsable de funcionariado del STAS, Gustavo Fabra, han analizado la sentencia conocida ayer, 27 de enero, que daba la razón a los sindicatos contra la decisión de la Junta de suprimir unas 700 plazas de empleados públicos, de las que unas 400 estaban cubiertas por interinos, y ordena que vuelvan a su puesto de trabajo y que se les abone el dinero dejado de percibir.
Los sindicatos han indicado en rueda de prensa que esta sentencia «está basada en sentencias del Supremo y del Constitucional», esto hace pensar que el recurso de casación que va a presentar la Junta al Supremo tenga pocas posibilidades de seguir adelante.
Además, han pedido coherencia a la Junta porque, si se prolonga el proceso un año más, el coste -que actualmente supondría para la Administración unos 14 millones de euros- podría convertirse en 30 millones.
Desde los sindicatos estiman que la Administarción puede pedir la suspensión cautelar de la sentencia, pero «nosotros vamos a pedir que se ejecute», comentaba Gustavo Fabra, quien aseguraba que no descartan nuevas movilizaciones.
«Ya ha llegado el momento de pedir responsabilidades», indicaba Beatriz Tormo, quien se centraba en dos nombres: Leandro Esteban, portavoz y consejero de Administraciones Públicas, y Juan Manuel de la Fuente, director general de Administraciones Públicas. Tanto UGT como STAS coinciden en pedir la dimisión de ambos.
DENUNCIAN EL «DEDISMO» QUE EXISTE EN LA ADMINISTRACIÓN
Los sindicatos han querido responder a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien se preguntaba cómo va la Junta a aplicar la sentencia. «Que quiten asesores», indicaba Fabra, quien incidía en que «existe el dedismo» en la Administración regional.
En este sentido, Carmen Campoy puntualizaba que se ha aumentado la partida destinada en asesores en 22 millones de euros, si bien es difícil dar un número exacto de cuántos se han nombrado en los últimos dos años porque «el número varía constantemente y la progresión aumenta».
Asesores que «ganan entre 2.000 y 3.000 euros», mientras que los interinos «cobran unos 1.000 euros». «Por cada asesor pueden contratar a tres interinos y crearían una oferta de empleo pública histórica en Castilla-La Mancha», señalaba Fabra.
Campoy destacaba que hoy no era un día para estar contentos porque «tenemos que recurrir sistemáticamente a la denuncia» y pedía reflexión al Gobierno, además solicitaba a la Administración hablar «cara a cara» y negociar aquello que haya que negociar. «Hay que recapacitar y darse cuenta de los errores cometidos», señalaba la secretaria general de FSP UGT Castilla-La Mancha, quien insistía en que «no se puede vulnerar el derecho a la negociación colectiva».
Al mismo tiempo que ha querido dar la razón, «en parte», a Leandro Esteban al asegurar que «el esfuerzo y los sacrificios lo hacemos los ciudadanos», pero «rotundamente no lo hacen para garantizar los servicios sociales básicos, lo hacen para cumplir con el déficit».
De momento, los interinos no volverán a su puesto de trabajo, porque ahora la Junta tiene 10 días para presentar su recurso, aún no sabe si presentarán también suspensión cautelar; mientras que los sindicatos pedirán la ejecución de la sentencia.