A algún lumbreras de Hacienda se le ha ocurrido que, en pleno siglo XXI, la manera más rápida y más cómoda para que los contribuyentes presenten las declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es a través de internet. Pero nadie del Gobierno ni de Hacienda ha pensado que hay muchas personas, sobre todo entre las de mayor edad, que no tienen ordenador o disponen de uno sin el programa adecuado para efectuar esas declaraciones o, sencillamente, no saben hacerlas.
A pesar de estas dificultades de muchos contribuyentes, el Gobierno ha impuesto esta norma y obliga a hacer las declaraciones por vía informática. No se pueden presentar en papel, como ocurría hasta este año, y quien no declare el IVA se expone a una sanción de … ¡1.500 euros!
UNA IMPOSICIÓN A LA FUERZA
Si la Agencia Tributaria -que depende del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro– no hubiera obligado a utilizar la informática como la única vía posible y hubiera permitido declarar el IVA de esta manera o rellenando un impreso en papel, como ocurría hasta este año, no existiría problema alguno. Pero al haber decidido que el contribuyente tiene que declarar por internet, quiera o no, ha provocado un conflicto que ha acarreado importantes colas de espera en las delegaciones de la Agencia Tributaria, quejas de muchos contribuyentes, colapso en los números de teléfono habilitados para solicitar información y un profundo malestar en miles de personas.
Un ejemplo real, de los muchos que ha habido en los últimos días de enero, servirá para comprender la magnitud del problema que ha creado Hacienda.
El ciudadano X acude a una delegación de la Agencia Tributaria para declarar el IVA, como hace cada trimestre. Coge un número de orden, guarda la cola correspondiente y, cuando le llega el turno, le dicen que ya sólo puede presentar la declaración por vía telemática.
Siguiendo el consejo, coge otro número para darse de alta en el denominado sistema de identificación y firma pin24h, guarda otra cola y, cuando le llega el turno, se inscribe. Se marcha a su casa con la hoja de instrucciones que le dan para que realice la declaración por internet, lo intenta varias veces en su ordenador y no lo consigue.
El ciudadano X vuelve al día siguiente a la Agencia Tributaria, coge un número, guarda la cola correspondiente y, cuando le llega el turno, explica a una funcionaria que ha intentado hacer la declaración con su ordenador portátil pero no lo ha conseguido. Otros ciudadanos han explicado a quien les ha atendido que no tienen ordenador o que el que utilizan no tiene instalado el programa informático necesario para realizar esta tarea o, sencillamente, que no saben hacerla.
ACUDIR A UNA GESTORÍA
Una funcionaria, muy amable y con mucha paciencia, explica al ciudadano X que ellos no pueden hacer nada. Él insiste en sus quejas y argumentos; ella repite los suyos y le recomienda que, si él no puede o no sabe hacer la declaración y no tiene nadie que la pueda hacer, acuda a una gestoría administrativa.
Ante la cara de sorpresa del ciudadano X, la amable funcionaria dice: «Si quiere, ponga una queja».
Sorprendido por esta respuesta que no le soluciona un problema que él no ha creado, el ciudadano X responde que no va a presentar una queja porque cuando ésta sea resuelta ya habrá pasado el plazo para declarar y probablemente le habrán comunicado que, además de tener que hacer la declaración, le imponen una multa.
El ciudadano X sale de la Agencia Tributaria, busca una gestoría administrativa, entra, explica su problema, le hacen la declaración en tres minutos y le cobran 50 euros. ¡Por fin ha podido contribuir a la Hacienda Pública, como deben hacer todos los ciudadanos, dentro del plazo previsto!
EL AVE Y EL IVA
Salvando las distancias y las diferencias, con el IVA ha ocurrido algo parecido a lo que sucede con el AVE. El Gobierno -éste y los anteriores- ha beneficiado a muchísimos ciudadanos con el Tren de Alta Velocidad, porque acorta la duración de los viajes, pero ha perjudicado a otros muchos porque ha eliminado los ferrocarriles convencionales y les obliga a pagar billetes más caros. ¿No habría sido posible, en muchos casos, mantener los dos tipos de trenes y los dos precios, para que cada ciudadano elija el que prefiere o puede pagar?
La misma pregunta sirve para el IVA: ¿no hubiera sido posible mantener las dos maneras de declarar, en papel y por internet, para que cada contribuyente elija la que se acomode mejor a sus circunstancias?
El Gobierno no ha pensado en los miles de ciudadanos que no podrán utilizar internet para presentar la declaración del IVA y tendrán que pagar a una gestoría. Entre otros, éstos: personas sin ordenador o que no dominan la informática, ciudadanos de edad avanzada que tienen un local comercial alquilado, pequeños empresarios sin una estructura de contabilidad, muchos profesionales autónomos… Utilizar una herramienta tan importante como internet para relacionarse con la Administración pública está bien; obligar a que esa sea la única vía es un error. El Gobierno se ha equivocado pero, si quiere, puede rectificar.