La Audiencia de Toledo ha ordenado la busca y captura y su ingreso en prisión de la ciudadana china Huiyun Y., que está acusada, junto a dos talaveranos, de traer de forma fraudulenta en 2007 a trabajadores del país asiático que habrían pagado 18.000 euros por contratos de trabajo ficticios.
En el juicio que se ha iniciado en la Audiencia de Toledo solo se han sentado en el banquillo de los acusados dos de los tres acusados, el empresario talaverano Isidro E.T. y el copropietario de una gestoría de esta localidad, Gustavo J.G..
Ambos se han culpado mutuamente de haber tomado la iniciativa de contratar a ciudadanos chinos para trabajar como cerrajeros en la empresa «Hierros y Aluminio E.S.», para la que nunca llegaron a trabajar y han negado haber cobrado dinero alguno por traer a los trabajadores asiáticos, que no conocían el idioma castellano ni tampoco conocían el oficio de cerrajero.
Según han dicho los policías que han comparecido como testigos en el juicio, dos de los cuatro trabajadores chinos que llegaron a España para trabajar en la citada empresa talaverana fueron localizados por los agentes trabajando en un taller de confección que regentaba la prófuga en Talavera y que «tenía un zulo» supuestamente para esconder a los trabajadores clandestinos.
El inspector jefe de la Brigada de Extranjería de Toledo, que ha declarado durante el juicio que seguirá mañana, ha afirmado que uno de los trabajadores engañados le comunicó que la acusada les pidió 18.000 euros, que una parte era para ella y otra parte para la persona que hizo la oferta de trabajo.
Los policías han explicado también que sospecharon del fraude cuando los chinos fueron a las oficinas de Extranjería a recoger la tarjeta de residencia, adonde llegaron con Huiyun, porque les pareció extraño que se demandaran cerrajeros cuando en España hay «suficientes».
También sospecharon de estas ofertas de trabajo porque los trabajadores chinos no sabían nada de español y también porque a pesar de que los supuestos contratos eran para doce meses se les dio de baja en la Seguridad Social a los pocos días de darles de alta.
Por su parte, Isidro E.T., el empresario acusado ha manifestado que necesitaba trabajadores porque tenía que entregar 64 viviendas y que fue el otro acusado, copropietario de la gestoría, quien tomó la iniciativa de que fueran chinos, aunque el pensó que iban a ser rumanos.
También ha señalado que el gestor le garantizó que todo era legal y que depositó en Gustavo toda la confianza ya que el no entiende de papeles, pues solo ha estudiado hasta quinto de educación primaria, por lo que «firmó todo lo que me dijo el gestor».
Asimismo, el empresario acusado ha dicho que no ofertó el trabajo a españoles porque los sueldos eran «desorbitados» y que le pedían salarios de 1.800 euros mensuales.
Por su parte, el otro acusado, Gustavo J.G., ha acusado a Isidro de mentir y ha insistido en que fue el empresario el que llevó las copias de los pasaportes a su despecho y que fue quien proporcionó todos los papeles, pues, era su «cliente» y al que acompañó a la Oficina de Extranjería para hacer los trámites.
El gestor ha indicado, asimismo, que nunca sospechó que los contratos eran ficticios, aunque si le llamó la atención que se les diera de baja de la Seguridad Social días después de ser contratados, aunque de este trámite se encargó su socia, ha dicho.
También ha declarado como testigo, a propuesta del abogado de Isidro, un empresario talaverano que ha afirmado que fue la mujer china acusada quien le ofreció a compatriotas para trabajar en su negocio y que le dijo que de la documentación se encargaba Huiyun y la gestoría de Gustavo.
La fiscalía solicita para cada uno de los acusados siete años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial en concurso con otro delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros.