La fiscal adscrita a la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, María Ángeles Sánchez López-Tapia, ha lamentado la invisibilización que sufren las mujeres con discapacidad víctimas de trata o prostitución y ha pedido que la nueva ley contemple esta realidad, mejorando el diagnóstico y los recursos disponibles.
En este sentido, ha criticado la falta de datos y cifras que recojan la realidad de estas mujeres, lo que impide “valorar la trascendencia de la violencia que sufren”. Y es que, según ha explicado, durante el 2022, de todas las diligencias de seguimiento por trata incoadas, solo en un caso la víctima tenía algún tipo de discapacidad.
“Está fallando algo, tanto la detección como la identificación, no me puedo creer que estemos en estas cifras, esto no refleja la realidad”, ha señalado.
Incluir la discapacidad como agravante en accidentes laborales
Así, ha hecho autocrítica y ha asegurado que la legislación “debe mejorar”, pidiendo que se definan en el código penal los trabajos forzosos y la esclavitud, así como que se modifique el delito contra los derechos de los trabajadores, incluyendo la discapacidad como agravante.
También se ha referido a la nueva Ley Integral contra la Trata, en la que ya está trabajando el Consejo de Ministros, la cual, dice, “debe abordar todas estas cuestiones”, refiriéndose igualmente a la dificultad que muchas veces encuentran los magistrados para acreditar la discapacidad de las víctimas y demostrar el abuso ejercido por el tratante.
Falta de credibilidad en las víctimas
Del mismo lado, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en un vídeo que ha enviado al V Foro Social Mujeres y Niñas con discapacidad, celebrado este viernes en el Hotel Beatriz de Albacete, ha hablado sobre las barreras con las que se encuentran estas víctimas a la hora de denunciar su situación.
“Muchas veces sus testimonios tienen menor credibilidad, ya sea por empatía, al pensar que nadie puede hacer daño a una persona con discapacidad, o por falta de credibilidad por los prejuicios que se tienen hacia las personas con discapacidad”.
Se elimina la dispensa de declarar
Asimismo, Rosell se ha referido a la nueva ley del «solo sí es sí», la cual, celebra, recoge medidas específicas para personas con discapacidad, además de eliminar la dispensa de declarar en los casos en los que una persona sea testigo de un abuso contra un menor o una persona con discapacidad.
“Todas las acciones que recoge esta ley están concebidas para que sean accesibles y practicables a todas las víctimas, sin limitaciones idiomáticas, ni por discapacidad, incluyendo a menores y personas mayores”, ha defendido.
Penalización de la esterilización forzada
La delegada ha recordado otras normas y medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional encaminadas en la misma dirección, en la protección de las personas con discapacidad, haciendo especial hincapié en la penalización de la esterilización forzada, que afectaba especialmente a mujeres con discapacidad.
Las asociaciones piden recursos accesibles
Durante las jornadas, también han intervenido la coordinadora y trabajadora social de «In Género», Belén Jiménez, la coordinadora de proyectos de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Ana Delgado, y la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero Pérez, quienes han explicado los proyectos y el trabajo que llevan a cabo desde sus respectivas organizaciones, coincidiendo en una demanda clara: la necesidad de hacer los recursos disponibles para las mujeres víctimas de trata y prostitución accesibles.
“No tenemos casas de acogida inclusivas ni accesibles para mujeres con discapacidad, el personal no está formado tampoco para tratar con personas con discapacidad, exigimos que se hagan accesibles y que se forme, los profesionales que tratan con víctimas de trata deben formar a los profesionales que tratan con personas con discapacidad y viceversa”, ha solicitado Delgado.
Igualmente, Caballero ha pedido que, ahora que con la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual se van a abrir centros de atención a víctimas las 24 horas del día, se tengan en cuenta todos estos aspectos y sean accesibles.
“Exigimos que los centros nuevos sean plenamente accesibles e inclusivos para garantizar que todas las mujeres reciban una atención adecuada”, ha concluido.