El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ha imputado a la exconsejera de Educación María Ángeles García, a un exalto cargo y a un inspector por un supuesto delito de prevaricación cometido en la tramitación de un expediente sancionador a una profesora de Guadalajara.
Según el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, además de a García, la jueza Cristina Fernández de Sevilla también ha imputado al exdirector general de Personal Docente de la Consejería de Educación, Antonio Serrano Sánchez, y a Ángel García Dorado, inspector que instruyó el expediente disciplinario objeto de la denuncia.
Asegura la juez que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación, que presuntamente se le imputa a Ángel García Dorado, María de los Ángeles García Moreno y Antonio Serrano Sánchez».
Por este motivo, les cita a declarar como imputados el próximo día 18 de junio de 2014 a partir de las 10:45 horas.
La juez ordena además que se remita oficio a la Gerencia de Educación y Ciencia de Guadalajara a fin de que determine cuáles son los cargos y las funciones actuales de los imputados, para comprobar si alguno de ellos es aforado.
Los hechos se remontan a mayo de 2009, cuando una profesora del IES Ana María Matute, de Cabanillas del Campo, Guadalajara, fue sancionada por diversas faltas graves a cumplir 11 meses y medio de suspensión de empleo y sueldo.
Esta sanción fue recurrida por la profesora y ganada en primera instancia ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo, quien anuló todos los cargos por los que se sancionó a la profesora al comprobarse que García Dorado no tenía la cualificación mínima imprescindible para ejercer como instructor del expediente disciplinario.
La Junta de Castilla La Mancha recurrió esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, pero ese recurso no prosperó y en noviembre de 2013 el máximo tribunal regional dictó una resolución por la que desestimaba el recurso y ratificaba la nulidad del expediente.
Tras esta sentencia, la profesora denunció a García Dorado al considerar que sabía que no estaba capacitado para instruir el expediente y no se abstuvo, a María Ángeles García porque en aquella época era consejera de Educación y responsable del nombramiento de García Dorado, y a Serrano Sánchez como autoridad que dictó la resolución sancionadora definitiva.
García fue consejera de Educación desde septiembre de 2008 a junio de 2011.