El sector del porcino se movilizará en Toledo y otros seis municipios este jueves para protestar por el cierre del 80 por 100 de las plantas de tratamiento de purines en los últimos días por la reforma energética que estudia el Gobierno y que llevaría a la pérdida de rentabilidad de dichas instalaciones.
La Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han explicado hoy en Madrid en rueda de prensa la situación generada tras conocerse el borrador del Gobierno sobre reforma energética.
Las concentraciones serán en Valladolid, Lérida, Vic (Barcelona), Toledo, Murcia y Langa de Duero (Soria) por la mañana y en Vilches (Jaén) por la tarde.
Una carta al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y al de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, expone la situación y pide una reunión de urgencia.
El Gobierno tiene pendiente de aprobación un Real Decreto y una Orden Ministerial sobre Renovables, Cogeneración y Residuos que plantea una reducción del 40 por 100 de la retribución económica que recibían estas plantas, lo que en su opinión «hace inviable su continuidad».
La normativa se aplicaría con carácter retroactivo desde el 13 de julio de 2013, lo que ha provocado ya el cese de actividad del 80 por 100 de las 29 plantas de tratamiento de purines.
Según el sector, esto lleva a «un impacto directo en las explotaciones de porcino», que utilizan estas plantas de gestión para tratar sus excedentes de purines «a un coste razonable».
Más de 3.000 explotaciones gestionan parte de sus purines en estas instalaciones -la mayoría en Cataluña, Aragón y Castilla y León-, con lo que logran disminuir el impacto ambiental y contribuyen a la generación de energía.
El director de Anprogapor, Miguel Ángel Higuera, ha detallado que las plantas tratan cada año entre 2 y 2,5 millones de toneladas de subproductos del cerdo, cerca de un 3 por 100 del total de la producción.
Higuera ha indicado que el cierre de las plantas puede llevar a un descenso del 2 por 100 de la producción porcina y podría generar un impacto económico negativo superior a 300 millones de euros.
El «principal» problema es, a su juicio, que «muchas» granjas «vinculan su producción» a que una «parte» de la producción de excrementos puedan ser tratados en estas instalaciones.
Ha alertado de que los ganaderos están almacenando los purines de los últimos días en las balsas, pero que llegará un momento en el que estén al 100 % de su capacidad, lo que puede obligarse a tener que verter purines en el campo, que entra en conflicto con la directiva europea de emisiones industriales.
El presidente de ADAP, Josep Capdevila, ha afirmado que estas plantas llevan 10 años funcionando «de manera correcta» y ha recordado que fue en 2007 cuando se pactó con el Ejecutivo que tuvieran una rentabilidad mínima del 7 por 100.
«Con esta derogación del Real Decreto 661, eso se ha quebrado y la situación se ha complicado con las Órdenes ministeriales que prevén la regulación futura», ha apuntado Capdevilla.
El presidente de la sectorial del porcino de Cooperativas Agro-Alimentarias, Ramón Armengol, ha pedido que se rectifique el borrador, mientras que el secretario del porcino de Asaja, Isidro Villaescusa, ha remarcado su «gran preocupación» y que confía en que la situación se solucione cuanto antes.
«Debe solucionarse a partir de mañana, porque es una situación muy grave», ha resaltado Villaescusa.
Desde COAG, el responsable del sector porcino, Jaume Bernis, ha remarcado la unidad del sector en este asunto, lo que subraya «lo grave de la situación» y el responsable de Ganadería de UPA, Román Santalla, ha opinado que la futura norma puede provocar «casi el fin» del sector porcino «de un plumazo».