Habrá quien opine que el Partido Popular tiene mala suerte y habrá quien diga que todos los males que padece se los ha ganado por sus propios méritos. O, mejor dicho, por méritos de algunos de sus dirigentes. Mariano Rajoy quiere que se hable solamente de los síntomas de mejora de la economía, que se empiezan a vislumbrar levemente aunque todavía no sirven para crear empleo, pero gentes de su partido se empeñan cada día en echar por tierra esas intenciones y sacan a relucir sus trapos sucios que, como en todas las familias, ellos también tienen.
En Galicia, por orden de un juez de Vigo, el 18 de febrero han registrado 17 empresas, seis ayuntamientos, la Diputación de Pontevedra y unas dependencias del Gobierno autonómico. Se investiga una posible red de sobornos y adjudicaciones irregulares de obras públicas, presuntamente a cambio de comisiones. La mayoría de las corporaciones y organismos registrados son del PP, pero también hay algunas del PSOE y una donde gobiernan los socialistas con el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Hay cinco personas detenidas, entre ellas un concejal del PP.
MÁS DINERO EN SUIZA
El diario El Mundo ha publicado que el senador del PP Francisco Granados, que fue número dos de Esperanza Aguirre y secretario general de su partido en Madrid, además de alcalde de Valdemoro, tiene una cuenta en un banco de Suiza con al menos 1,5 millones de euros. Él ha dicho que esa cuenta la mantuvo abierta hasta el año 2000, antes de dedicarse a la política, con dinero procedente de sus negocios personales y que la declaró a la Agencia Tributaria.
¿Es legal tener dinero fuera de España si se declara a la Agencia Tributaria? Sí. ¿Es ético como manera de actuar de alguien que se dedica -o se iba a dedicar, admitiendo que esa cuenta fuera de años anteriores- a la política? Rotundamente, no. En España hay muchos bancos y entidades financieras para tener el dinero. Con el daño que el caso Bárcenas ha hecho y está haciendo al PP, todo lo que sea hablar de dinero de un político en Suiza es muy negativo para el partido.
Después de la polémica que se levantó cuando Mariano Rajoy dijo a María Dolores de Cospedal que el candidato a liderar el PP de Andalucía lo designa él y que no será el que ella pretendía, la dimitida pero siempre presente Esperanza Aguirre le ha recordado que en la Comunidad de Madrid, donde ella dirige y controla el partido, no va a permitir que el dedo del presidente diga quién será el candidato para las próximas elecciones municipales y autonómicas.
DECLARACIÓN LAMENTABLE
En otra polémica -si se hicieron las cosas bien o no para frenar el intento de entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, donde murieron 15 de ellos ahogados- ha habido contradicciones entre lo que han declarado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro del Interior, Jorge Fernández; y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Por eso, la oposición y las ONG piden que se investiguen esas muertes, sin que esto suponga un ataque a los agentes de ese instituto armado, que atienden y ayudan a los inmigrantes cuando llegan a las costas españolas. Investigar y aclarar lo que ha sucedido, piden solo eso.
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del PP, ha declarado a El País que lo mismo que se utiliza material antidisturbios -disparo de pelotas de goma- contra ciudadanos españoles en las manifestaciones, cuando se considera necesario, los guardias civiles también deben utilizarlo para defender la frontera de quienes pretenden entrar por ella ilegalmente. «Si no pueden utilizarse, ¿qué hacemos? ¿Los sustituimos por un comité de recibimiento con azafatas?». Se le ha olvidado decir que lo que se discute en este caso es por qué motivo algún agente disparó a los inmigrantes cuando nadaban para llegar a la costa, donde los esperaban otros agentes.
Tampoco está bien visto, aunque sea legal, que la empresa energética Enagás vaya a nombrar consejeros a dos ex ministras de José María Aznar –Isabel Tocino y Ana de Palacio-; el ex secretario general de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha; Gonzalo Solana, que presidió el Tribunal de Defensa de la Competencia a propuesta del PP, y Luis Valero, que ha sido director general de Industria con Rajoy.
LEGAL, SÍ; ÉTICO, NO
Son nombramientos legales, porque Enagás es una sociedad privada. Pero son polémicos porque esta empresa tiene el monopolio del transporte del gas y, además, porque el PP criticó duramente al PSOE cuando designó presidente de la misma a Antonio Llardén, después de que hubiera ocupado varios cargos con gobiernos del PSOE. Si decían que ese fue un «nombramiento político», ¿estos no lo son solo porque haya transcurrido más tiempo desde que los nuevos consejeros dejaron la política?
Y todavía más. Según el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, si se celebrasen ahora elecciones autonómicas el PSOE ganaría y lograría 5,6 puntos por encima del PP.
A estos y otros asuntos perjudiciales para el PP habría que añadir que, en sus dos años en el Gobierno, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y los especialistas correspondientes han criticado en sus informes algunos de los proyectos de ley más importantes elaborados por el Ejecutivo: la propuesta de modificar la Ley del Aborto ha sido rechazada de manera unánime; la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual la critican prácticamente todos los sectores afectados; la prisión permanente revisable -algunos la denominan cadena perpetua- que el ministro de Justicia propone en la reforma del Código Penal también ha sido rechazada por los catedráticos a los que ha llamado el Congreso para escuchar su opinión…
¿Mala suerte o méritos propios del PP? Que cada cual opine lo que considere oportuno. Pero con estos y otros casos se entiende que, a pesar de la mala situación por la que atraviesa el PSOE, los populares no consiguen remontar en las encuestas. Las elecciones del 25 de mayo al Parlamento Europeo van a ser un buen termómetro para los dos partidos.