El Ayuntamiento de Villacañas se ha convertido en uno de los primeros municipios de España en aprobar en Pleno el planteamiento ante el Tribunal Constitucional de un conflicto en defensa de la autonomía local, con el objetivo de que el alto tribunal paralice la reforma de los ayuntamientos promovida por el Gobierno de Rajoy.
Según explico el alcalde, Santiago García-Aranda, esta nueva ley «atenta contra la autonomía local en tres ámbitos: el primero, el recorte de las competencias y servicios que prestan, sobre todo los ayuntamientos de municipios menores de 20.000 habitantes; el segundo, el establecimiento de tutelas por parte de la Diputación Provincial o el ministerio de Hacienda, que limitará el derecho de los vecinos y sus representantes en el ayuntamiento a decir cómo se gestionan los servicios y qué recursos se emplean para financiar los déficits; y tercero, el ámbito democrático, ya que la nueva ley permite que asuntos tan importantes como la aprobación de los presupuestos municipales, en caso de que en el Pleno no haya mayoría, puedan ser aprobados por la junta de Gobierno sin los votos ni la opinión de la oposición».
PSOE e IU apoyaron la propuesta, mientras que el PP la votó en contra. Para su portavoz, María Victoria Amador, esta ley no atenta contra la autonomía local, sino que «apela al principio de lealtad institucional, contempla el impacto financiero y garantiza la cooperación económica y las competencias delegadas, dibujando un modelo territorial que actúa como palanca de apoyo del municipalismo para garantizar la prestación de los servicios».
Y acusó a quienes apoyan la presentación de este conflicto de «confundir y alarmar a la sociedad», asegurando que la ley asegura la cobertura de los servicios, y que las diputaciones se encargarán de «asistir» a los municipios «solo cuando sea necesario o no se cumpla la estabilidad presupuestaria».
La portavoz socialista, Ana Mendoza, incidió en su intervención en las consecuencias que la nueva ley puede tener para algunos servicios que se prestan en Villacañas, desde servicios sociales o ayuda a domicilio hasta la guardería, la escuela de música, los servicios deportivos, etc, lamentando que la ley se ceba sobre todo con los pueblos de menos de 20.000 habitantes, que podrán perder servicios que pasarían a manos de la Diputación.
El debate lo cerró el alcalde recordando que todos los grupos parlamentarios, miles de ayuntamientos, los mayores expertos en constitucionalismo, incluso el Consejo de Estado, «han dicho que es un atropello», y preguntó al PP por qué todas esas competencias de las que van a despojar a los ayuntamientos se deja para el 31 de diciembre de 2015, después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 y las generales de noviembre del mismo año. «¿Si esta ley es tan buena por qué no lo hacen ya?», concluyó.