El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha adjudicado a la empresa Aqualia la concesión del servicio de abastecimiento de agua del municipio tras haber rechazado la celebración de una consulta popular sobre la privatización del servicio.
Las decisiones se han aprobado en sendos plenos convocados de urgencia en las últimas horas tras el encierro de una veintena de vecinos en el Ayuntamiento de la localidad, donde llevan tres días, y las manifestaciones que se han sucedido a las puertas del edificio municipal.
Ambas decisiones se han adoptado por el voto de calidad del alcalde, Diego Ortega (PP), al registrarse un empate entre los partidarios de la privatización -nueve ediles del PP y uno de Ciudadanos por Alcázar (CxA)- y los contrarios -los 10 concejales socialistas-.
El PSOE ha anunciado que recurrirá la decisión por considerarla nula, ya que la normativa impide que una adjudicación administrativa superior a los cinco años y que suponga más del 20 por 100 del servicio se pueda adoptar con el voto de calidad del regidor municipal, según ha informado a Efe la portavoz del grupo municipal socialista, Rosa Melchor.
«Es imprescindible la mitad más uno para que se pueda aprobar una cuestión de esta naturaleza», ha dicho Melchor quien ha señalado que ha intentado explicar que el acuerdo era «nulo», pero no le han dejado, por lo que recurrirán el acuerdo.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal popular, Ángel Puente, ha restado importancia a esta denuncia y ha dicho a Efe que «después de la que han montado, es lógico que digan algo e intenten confundir a los ciudadanos, porque el cambio de modelo de gestión de Aguas de Alcázar ya se votó».
La concesión del servicio a Aqualia como socio privado de la empresa mixta es por espacio de 25 años, periodo en el que la empresa deberá aportar al Ayuntamiento un total de 20 millones de euros, 9,6 millones inicialmente, ha subrayado Puente.
Con ese dinero, según el gobierno municipal, se podrá saldar la deuda de ocho millones de euros que tiene la empresa pública Aguas de Alcázar.
Puente ha recordado que la presidencia de la empresa la ostentará el alcalde, en calidad de representante del Ayuntamiento y de él dependerán todas las decisiones cualificadas, aunque tenga el 48 por 100 de la representación de la empresa, por un 52 por 100 de Aqualia.
Asimismo, hay un documento firmado que obliga al mantenimiento de la plantilla, los servicios y las tarifas, aspecto en el que ha incidido Puente.
El portavoz popular ha calificado el acuerdo de «histórico» y ha añadido que «la democracia se ha impuesto a la violencia» gracias a «10 concejales valientes».
Por su parte, los vecinos encerrados decidirán en próximas horas si lo mantienen hasta las 19:00 horas, cuando se celebrará por tercer viernes consecutivo una concentración en contra de la privatización del servicio, ha indicado a Efe uno de los miembros de la plataforma y vecino que secunda el encierro, Isidoro Salcedo.
De momento, hay algunas personas, sobre todo los más jóvenes, que están decididas a endurecer las protestas, mientras que los más mayores consideran que lo más adecuado es dejar el encierro y proseguir son sus reivindicaciones y manifestaciones «en paz y sin ningún tipo de incidentes».
De cualquier forma, será la asamblea permanente la que decida qué es lo que se va a hacer a partir de ahora.