El delegado de la Junta de Personal del sindicato UGT, Sinforiano Madroñal, ha interpuesto una denuncia en el Juzgado de Guardia de Talavera contra el gerente del Área Integrada de Talavera, José Luis Morillo, y el director de Gestión, Santiago Ferro, por posible prevaricación.
En declaraciones a los periodistas, previas a la presentación de esta denuncia, Madroñal ha asegurado que ambos directivos vienen «inobservando de forma reiterada la norma», con el único propósito de conseguir sus objetivos personales, profesionales e institucionales.
En este sentido ha añadido que actúan de forma «opaca y arbitraria, ocultando, manipulando e impidiendo el acceso a la información, registros y archivos que se presuponen públicos», tanto a los profesionales, como a representantes de los mismos y delegados de prevención.
«Estamos viendo una situación esperpéntica», ha afirmado el delegado de la Junta de Personal de UGT, «se contratan y nombran mandos intermedios sin tener en cuenta los procedimientos legalmente establecidos y se mueve al personal sin respetar los pactos firmados, inculcando la cultura del miedo entre los profesionales y firmando pactos privados con algunos de ellos».
Asimismo, Madroñal ha señalado que se proponen modificaciones de plantillas orgánicas «sin negociación previa» y que se mantienen privilegios económicos a personas de su confianza y que no reúnen los requisitos que exige la norma para ocupar determinados puestos, con cargo al presupuesto asignado a la gerencia.
En su opinión, esta falta de transparencia repercute directamente en los profesionales y usuarios, que están viviendo un «recorte masivo» en recursos materiales y humanos y que, como consecuencia, está dando lugar al cierre de camas y al incremento de las listas de espera.
A su juicio, «se están vulnerando los derechos de los trabajadores» con actuaciones como la contratación de un trabajador de una empresa privada fuera de lista de bolsa o profesionales a los que les obligan a hacer trabajos que no quieren, de manera que «los planes funcionales que tenían que negociarse con la Junta de Personal, no se negocian».
Según el delegado de la Junta de Personal de UGT, la administración pública está al servicio de los ciudadanos, por lo que «no se puede consentir que se manipule y oriente su gestión hacia intereses particulares y negocios que se nutran de ingresos públicos como consecuencia de privatizar servicios, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas».
Por todo ello, Madroñal solicita que la justicia «obre en consecuencia a la vista de los hechos denunciados y de la documentación aportada y proceda a su investigación y a la apertura de juicio oral cuando proceda».