La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha respondido este miércoles al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que anunció que iba a presentar alegaciones ante el Consejo de Estado por el trasvase Tajo-Segura. Así, ha asegurado que este defiende el interés de su comunidad y el Gobierno, el de todo el país.
En declaraciones a los medios desde Ciudad Real, Rodríguez ha defendido la actuación del Ejecutivo, que según ha indicado ha preparado unos informes «que han sido aprobados por la mesa del agua» y elevados al Consejo de Estado.
Cumplimiento de las sentencias
Asimismo, ha sostenido que lo que trata de hacer el Gobierno Central es poner al río Tajo un nivel de caudal ecológico que no tenía hasta ahora «para dar cumplimiento a la normativa europea y a las sentencias del Tribunal Supremo», ha explicado. «El presidente de la Generalitat valenciana defiende el interés de su comunidad autónoma y el Gobierno, del conjunto de nuestro país«, ha respondido.
Rodríguez ha hecho estas declaraciones después de que Puig anunciara este martes que pretende presentar alegaciones ante el Consejo de Estado sobre el trasvase Tajo-Segura.
El presidente valenciano también exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez mantener el precio del agua desalada y expresó su «rechazo frontal» a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes de la zona y que supondrá triplicar los precios de la misma.
La ministra ha destacado asimismo la inversión por parte del Gobierno de 650 millones de euros en desaladoras, que a su juicio van a garantizar la buena gestión de los recursos hídricos «también para el sector de la agricultura» en esta zona.
Puig no aceptará «imposiciones»
El ‘president’ de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha mostrado su disposición a dialogar y negociar con el Ministerio para la Transición Ecológica respecto al futuro del Tajo-Segura, pero ha advertido que no aceptará ninguna «imposición» sobre las condiciones del trasvase.
«Lo que se acordó en el Consejo Nacional del Agua, que se ha cambiado sustancialmente, se tiene que mantener», ha insistido un día después de solicitar audiencia al Consejo de Estado para conocer la redacción final que ha llegado a este órgano consultivo sobre el proyecto de real decreto del plan hidrológico que afecta al Tajo-Segura, con el objetivo de poder presentar alegaciones.
En concreto, el proyecto normativo aprobado por el Consejo Nacional del Agua a finales de noviembre incluía una disposición adicional novena que el Consell ve esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase, por lo que Puig ha rechazado cualquier modificación o supresión de este punto.
En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el ‘president’ ha garantizado que está en contacto con la ministra Teresa Ribera, también socialista, y que «ella sabe perfectamente lo que pasó»: que había una propuesta del Ministerio que aceptó la Generalitat en el Consejo del Agua y que «ahora es obvio e indiscutible que se ha producido un cambio y ahí está el motivo de las discrepancias».
«Nuestra posición no es cerrada en absoluto, se puede discutir de todo (…) Desde luego, estamos en el marco de la negociación porque queremos llegar a un acuerdo», ha reiterado, y ha advertido que el Consell planteará alegaciones si el Gobierno no rectifica, mientras «los regantes tienen su propia vía» y se manifestarán la próxima semana ante el Ministerio.
Puig ha vuelto a recordar que el Tajo-Segura es «un asunto complejo porque viene de muy lejos e históricamente ha habido confrontación territorial» respecto al uso del agua trasvasada. Ha defendido que su gobierno lleva desde 2015 intentando huir de las «guerras» y el «barro», además de pedir que este proceso se aborde desde la racionalidad e incluya medidas de futuro para la agricultura mediterránea.
También ha reconocido que el Tajo debe estar «en plenas facultades» y ha asegurado que nadie está más de acuerdo con eso que las regiones receptoras del agua de este río. Ha vuelto a exigir que el agua depurada de la Comunidad de Madrid ayude a «revitalizarlo» y que la desalada tenga un precio justo para los regantes, además de resaltar el «enorme esfuerzo» de la Comunitat y de Murcia por la reutilización de los recursos hídricos.
Un nuevo decreto sobre el agua desalada
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha respondido a las quejas de los regantes sobre el fin de las subvenciones al agua desalada -al expirar el decreto ley de sequía- y ha alegado que su departamento ultima un nuevo decreto transitorio que llevará al Consejo de Ministros «a la mayor brevedad posible».
Así lo ha asegurado la vicepresidenta tercera en declaraciones ofrecidas a los medios en vista del descontento que ha suscitado en la comunidad de regantes -y que ha manifestado también el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig- la subida del precio del agua desalada, que Puig ha tachado de «absolutamente inaceptable».
El nuevo decreto que ultima la cartera de Ribera, que ha sido «debatido y consensuado con los actores implicados en las últimas semanas de diciembre», busca responder a la situación de los regantes, que hasta el 31 de diciembre se beneficiaban del decreto ley de sequía que subvencionaba el agua desalada y que ha expirado «al no seguir registrándose los umbrales establecidos en la citada norma».
Consciente de esa situación y del «precio de la energía necesaria para el proceso de desalación», el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) anticipa que llevará la nueva medida al Consejo de Ministros a la mayor brevedad posible.
Sobre la intención anunciada por Puig de presentar alegaciones ante el Consejo de Estado en defensa del trasvase Tajo-Segura, afectado por la creación de un caudal ecológico según prevén los nuevos planes hidrológicos, el Miteco ha defendido el «alto grado de consenso» con que cuentan estos planes, fruto de la «transparencia y el diálogo» mantenido con las partes implicadas y en todas las fases.
El plan hidrológico del Tajo fija un caudal ecológico para el río «que hasta ahora no existía», ha destacado el Miteco, algo que era una «anomalía con el resto de ríos y cuencas españolas».
La creación de caudales ecológicos es un «requisito ineludible que tenemos que acatar para dar cumplimiento a varias sentencias y requerimientos de la Unión Europea, que han llegado a la conclusión de que el río Tajo en su cabecera tiene un serio problema de equilibrio ambiental», ha recordado el ministerio de Ribera, para enfatizar que el caudal ecológico del Tajo se hará de forma gradual y garantizando el acceso al agua de las dos cuencas, la que cede y la que recibe.
«El Gobierno está haciendo una apuesta por la búsqueda de fuentes alternativas de agua para las cuencas receptoras del trasvase, con inversiones millonarias -más de 650 millones de euros- para ampliar la capacidad de desalación de las plantas desalobradoras en el Levante», han asegurado fuentes del ministerio.
También han incidido en la nueva «estrategia integrada de impulso a las renovables -en particular, la fotovoltaica- para abaratar el coste de la energía y garantizar que ese agua llegue a los usuarios a precios asumibles y competitivos».
Asimismo, el Miteco ha subrayado las alteraciones del régimen hídrico en este país a causa de la crisis climática, que «a medio y largo plazo» se traducirán en «una importante reducción» de los recursos hídricos, y en una mayor intensidad y frecuencia de fenómenos extremos, como sequías e inundaciones.
En el marco de adaptación a estos fenómenos, los nuevos planes hidrológicos -que se esperan aprobar en 2023- plantean un «cambio de tendencia» respecto al uso de recursos hídricos con, por ejemplo, una reducción de las asignaciones de agua, que para el conjunto de las demarcaciones intercomunitarias supone pasar de los 28.000 hm³/año que figuraban en los anteriores planes a 26.800 hm³/año.