La Oficina del Defensor del Pueblo hizo el año pasado varias recomendaciones al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) por las listas de espera y las demoras en varios servicios de diferentes centros hospitalarios de la región, en algunos casos superiores a los dos años.
El informe del año 2013 que la Defensora, Soledad Becerril, ha presentado en el Congreso y en el Senado refleja que el pasado año se presentaron en Castilla-La Mancha 1.126 quejas a esa institución, además de 439 solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional.
En el apartado sanitario, el Defensor del Pueblo señala que hizo una recomendación por el incumplimiento de la ley de garantías en la atención sanitaria especializada y un recordatorio de deberes legales al servicio de salud de la región, que éste ha aceptado.
Asimismo, deja constancia de la remisión de varias recomendaciones por las listas de espera quirúrgicas, con demoras superiores a dos años en el Servicio de Neurocirugía del Hospital General de Ciudad Real, de dos años en los Servicios de Cirugía Maxilofacial y de Traumatología del Hospital Virgen de la Salud de Toledo y superiores al año y medio en supuestos calificados como preferentes en el Servicio de Oftalmología del Hospital La Mancha-Centro, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
También se detectaron «notables demoras» en la atención por el Complejo Hospitalario de Toledo de procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas a 27 reclusos de la cárcel de Ocaña II.
Estas demoras superaban, en algunos casos, los dos años en intervenciones quirúrgicas y el año en pruebas diagnósticas.
Según el informe, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha dio cuenta de los contactos entre ambas administraciones para la programación de los procedimientos clínicos, mientras que el centro penitenciario comunicó «avances sustanciales en la realización de pruebas diagnósticas».
El Defensor también recibió quejas por «amplios períodos de demora» en consultas externas y pruebas diagnósticas.
En este sentido, realizó un seguimiento de una recomendación del año anterior por demoras superiores a los quince meses en la realización de colonoscopias en el Hospital La Mancha-Centro, de Alcázar de San Juan.
También formuló una recomendación por demoras superiores a 10 meses en el Servicio de Radiodiagnóstico (TAC) del Hospital Virgen de la Salud, de Toledo.
Igualmente, menciona en el informe demoras de 27 meses en la Unidad del Dolor del Hospital General de Ciudad Real y de un año en la información sobre resultados de pruebas diagnósticas en el Servicio de Neurocirugía del Hospital General de Albacete.
Otro de los asuntos que ocupó el pasado año pasado a la institución fue el intento de reducción de horarios en los denominados puntos de atención continuada (PAC) en la región, hasta que la Consejería de Sanidad le comunicó la derogación de la orden.
Al Defensor llegaron también las quejas de los vecinos de la comarca de Molina de Aragón por sus desplazamientos para ser atendidos a Ciudad Real en lugar de a Teruel o Zaragoza, asunto resuelto por el convenio entre Castilla-La Mancha y Aragón que entró en vigor en mayo.
En materia de atención a la dependencia, el Defensor apunta que en varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, se produjo la paralización de las resoluciones de los programas individuales de atención (PIA), especialmente las que reconocen prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, «ante la falta de fondos para abonarlos».
El Defensor recibió quejas por revisiones en los PIA que se saldaron con el reconocimiento de un grado inferior de dependencia al preestablecido; lo que conlleva la pérdida del derecho a las prestaciones o servicios previamente reconocidos.
El informe cita un caso en Castilla-La Mancha en el que se reclamó a una ciudadana la devolución de la cuantía percibida durante el año anterior a la fecha de la nueva resolución, si bien la Consejería de Sanidad aceptó posteriormente la sugerencia del Defensor y corrigió esa medida.
PIDE MEDIDAS AL CENTRO DE MENORES DE ALBACETE DONDE MURIÓ UN ADOLESCENTE
Por otro lado, el Defensor del Pueblo solicitó el año pasado al centro de menores de Albaidel (Albacete) que sustituyera las barras metálicas de las habitaciones de los chicos por repisas de obra tras el suicidio de un adolescente de 15 años, y también propuso aumentar la plantilla del centro.
Este caso está recogido en el informe del Defensor del Pueblo de 2013, un año en el que se presentaron 1.126 quejas de Castilla-La Mancha y 439 solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional.
En septiembre de 2013 falleció un chico de 15 años en su habitación del centro de Albaidel y técnicos del Defensor del Pueblo se desplazaron a la institución para revisar el expediente del fallecido y entrevistarse con el personal.
Tras detectar «varios problemas», el Defensor del Pueblos solicitó al centro, a través de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, explicaciones por las que no activó el protocolo para la prevención de suicidios.
Asimismo, se instó al centro a sustituir «a la mayor brevedad posible» todas las barras metálicas de las habitaciones por repisas de obra, teniendo en cuenta que dos meses después del suceso seguían las barras y habían sido un «elemento fundamental para el fatal desenlace».
También pidió el Defensor del Pueblo la revisión del protocolo interno de funcionamiento del centro y propuso el incremento de la plantilla, tanto de personal de vigilancia como de técnicos de atención a los menores.
El Defensor del Pueblo instó al centro a que informara de las medidas que iba a adoptar, tanto con el aumento de personal como en los medios materiales, para evitar que se repitan estos hechos.