El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará mañana por segunda vez al exdirector general de la desaparecida Caja Castilla La Mancha (CCM) Ildefonso Ortega, imputado por supuestas irregularidades en su gestión, que provocaron la intervención de la entidad.
Ruz ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción reclamara una nueva comparecencia de Ortega, que ya declaró el 1 de febrero de 2011, cuando aseguró que actuó en CCM como un directivo más, nunca de forma individual.
En esta causa también está imputado el expresidente de la Caja Juan Pedro Hernández Moltó por los mismos delitos de administración desleal, estafa, falsedad contable y falsificación en documento mercantil, entre otros.
A otros siete exdirectivos, a los que imputó el pasado octubre, el juez les atribuye un delito societario por haber aprobado «una serie de operaciones singulares» que habrían derivado en perjuicio patrimonial para la entidad.
Se trata de Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato Alonso, Florencio Fernández Gutiérrez, José María Fresneda Fresneda, Emilio Sanz Sánchez y Carlos Jiménez Morante -todos ellos antiguos miembros de la Comisión Ejecutiva de CCM-, así como el secretario de la misma, José Fernando Sánchez Bódalo.
El Banco de España apreció «actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil» en relación con varias operaciones aprobadas por la Comisión Ejecutiva, como los créditos a Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Kopan Cartera, T-Solar Global, Renovalia y Grupo Lábaro por un total de 253,8 millones de euros.
De todas las operaciones investigadas, la de mayor volumen es la de un crédito de 60 millones a Zent Inversiones, cuya información se aportó en la reunión de la ejecutiva de CCM del 26 de julio de 2007.
A continuación figuran dos préstamos de 50 millones de euros cada uno para el empresario Antonio Barco Fernández y para el Grupo de Negocios Urbaja, cuyos datos se vieron en sendas reuniones en diciembre de 2006.
La investigación sobre las supuestas irregularidades en la caja se inició en 2010 a raíz de una querella presentada por seis representantes del PP que formaban parte de la asamblea general de CCM antes de que la entidad fuera absorbida por Cajastur, hoy integrada en Liberbank.
CCM fue la primera entidad española en ser intervenida en esta crisis, después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.