El sindicato CSIF critica en comunicado la legislación actual de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, «que permite la contratación de asesores, amparados en una indefinición legal que genera desconfianza en la Administración y agravios comparativos con el resto de trabajadores, tanto en funciones como en retribuciones», aseguran.
Por ese motivo, CSIF pide «la creación de un Registro Oficial de Asesores de la Comunidad Autónoma a fin de retratar aquellos que se benefician de esta herramienta de contratación para su beneficio personal, cuando se mantienen los recortes para el conjunto de los empleados públicos de Castilla-La Mancha».
«En los últimos meses estamos asistiendo a una supuesta negociación del Plan de Recursos Humanos del Parque Móvil, adscrito a la Consejería de Hacienda, y como telón de fondo nos encontramos con la incoherencia de reducir conductores, mientras por el otro ‘contratamos’ a otros, amparados en el eufemismo de asesores», argumenta este sindicato.
Explican que según la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, en su artículo 12, «el asesor, como personal eventual que es, se advierte que solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, que estarán adscritos a los miembros del Consejo de Gobierno, y que su número será determinado, en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el Consejo de Gobierno».
Y añaden que «según determina la Ley 11/2003, de 25-09-2003, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en su artículo 30, este personal formaría parte de los gabinetes, como así queda reflejado en la Relación de Puestos de Trabajo de la JCCM (RPT), que establece que los Gabinetes son órganos de asistencia política y técnica a los miembros del Consejo de Gobierno. Sus miembros realizan exclusivamente tareas de asesoramiento, no pudiendo, en ningún caso, adoptar actos o resoluciones que correspondan a los órganos de la Administración ni desempeñar tareas propias de estos».
«LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DESIGNAN AL PERSONAL DE SU CONFIANZA»
Recuerda CSIF que los miembros del Consejo de Gobierno tienen la facultad de designar con la limitación de los créditos que estuvieran consignados al efecto en los Presupuestos, al personal de su confianza que integra su Gabinete.
«Esta ley modificó la ley 7/1997 del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, cuyo artículo 30 limitaba el número de personal de confianza, no pudiendo superar el de los órganos de apoyo y directivos de la Administración regional, de tal forma que se eliminó esta limitación, que como pudimos comprobar posteriormente, permitió al gobierno socialista incrementar exponencialmente los «colocados» en los gabinetes», agregan.
Recuerda CSIF que «actualmente, la ley permite, según el nuevo gobierno, contratar o colocar a asesores conductores, aunque nos encontramos con la paradoja de que se siguen manteniendo los puestos de secretarias y conductor creados por José Bono, con la excusa de que no se pueden suprimir porque el partido en la oposición se niega. Resulta llamativo que para esto, sí se necesite la unanimidad o mayoría cualificada de ambos».
«ESTOS PUESTOS SE BENEFICIAN DE LAS HERENCIAS Y PAGOS DE POLÍTICOS DE TURNO»
CSIF sigue criticando la existencia de estos puestos de trabajo, pues considera que «lo que hacen es beneficiarse de las herencias y pagos de los políticos de turno, que aprovechan el colchón de la administración para liquidar esos favores».
Tampoco entiende el sindicato «la vaguedad de la propia ley cuando determina que son funciones expresamente calificadas, como de confianza o especial asesoramiento, sin entrar en el detalle de cuáles son éstas o por quién se determinan».
Para el sindicato, «la Ley de Empleo Público, a la que se opuso CSIF en solitario, permite estos desmanes, y es el motivo que lleva a que el sindicato, ante el abultado número de asesores y su inutilidad (a la vista de los sucesivos fracasos y varapalos judiciales) demande su eliminación o que se elabore un registro oficial de asesores, con indicación expresa de qué asesoran, dónde y cómo».
A juicio de CSIF, «si nuestros altos cargos políticos necesitan ser asesorados independiente y profesionalmente ya cuentan con funcionarios, que para eso superan unas pruebas selectivas de capacidad, mérito e igualdad, para lo otr, deben ocuparse los partidos políticos, pues no es de recibo, ni aceptable que se pague con dinero público y los impuestos de todos los ciudadanos a personas que no aportan nada a la Administración y que buscan acomodo laboral de la forma más injusta posible, y ocupando puestos a los que deberían poder acceder los interesados en ocuparlos en igualdad de condiciones».