El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan celebrará el miércoles un Pleno extraordinario para la adjudicación definitiva del nuevo modelo de gestión del agua, del que se hará cargo la empresa Aqualia.
El alcalde de Alcázar, Diego Ortega, ha asegurado en declaraciones a Efe que el Pleno se celebrará el miércoles a las 8:15 horas e incluye dos puntos en el orden del día, el primero la toma de posesión de dos nuevos concejales, uno del PP y otro de Ciudadanos por Alcázar y, a continuación, se votará la adjudicación definitiva de la incorporación de la parte privada al servicio de aguas.
Ortega ha explicado que, si bien el pleno fue convocado el domingo, se celebrará el miércoles, por lo que ha opinado que los grupos tienen tiempo suficiente como para estudiar los expedientes antes de que se celebre el pleno.
En cambio, la portavoz del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha denunciado que es «la primera vez que en democracia el alcalde convoca en domingo un Pleno».
Para la dirigente socialista, «no puede creerse buen alcalde quien sólo interrumpe su descanso dominical no para el bien de sus vecinos, sino para vender lo que no sabe gestionar» y ha añadido que con esta convocatoria, el equipo de Gobierno, formado por el PP y Ciudadanos por Alcázar (CxA), se ha «burlado de los miles de vecinos que ayer llenaban de azul las calles para pedir que Aguas de Alcázar no se venda».
Respecto al expediente sancionador abierto por la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real al exalcalde alcazareño y vicepresidente de la Diputación provincial, José Fernando Sánchez-Bódalo, por considerar que fue el promotor y organizador de las concentraciones no comunicadas que tuvieron lugar el 18 y 19 de febrero, Melchor ha dicho que no han recibido notificación oficial alguna.
En este sentido, ha manifestado que cuando reciban la notificación de las sanciones, que también afectan a otras dos personas más que no han identificado, «se emprenderán las acciones más adecuadas, según sea el caso para defendernos de este nuevo ataque al PSOE».
LA PLATAFORMA DICE QUE EL FIN DEL REFERÉNDUM ES CONOCER LA OPINIÓN CIUDADANA
Los miembros de la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) han asegurado que aunque saben que el resultado de la consulta popular sobre la privatización del agua «no es vinculante, sí reflejará la opinión de los ciudadanos».
Según ha explicado a Efe el responsable de prensa de la plataforma, Luis Miguel López, el objetivo de la consulta «es conocer si los vecinos están a favor de mantener el carácter público del servicio», después de que el equipo de Gobierno se negara a convocar un referéndum para «pulsar la opinión de los alcazareños y atender sus reivindicaciones».
López ha respondido así al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, quien ha aseverado que una «asociación o un grupo de personas», como la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar de San Juan no tienen «capacidad en el ámbito legal» para realizar una consulta popular.
El referéndum se realizará del 20 al 23 de marzo, unos días los que distribuirán once urnas por distintos puntos de la localidad, aunque los dos primeros días por la mañana se colocarán en la entrada a los colegios del municipio para que los padres puedan expresar su opinión cuando vayan a llevar a sus hijos.
SÁNCHEZ BÓDALO AFIRMA QUE NO LE HA SIDO NOTIFICADO EL EXPEDIENTE SANCIONADOR
El vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real y exalcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo, ha aseverado de que no le ha sido comunicado el inicio de un expediente sancionador por participar en las protestas de Alcázar.
En una conferencia de prensa, Sánchez Bódalo ha afirmado que desconoce personalmente el inicio del expediente sancionador, por lo que ha criticado que se haya facilitado a los medios de comunicación antes de informar a las partes.
A su juicio, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha realizado una «utilización deleznable y vomitiva» de dicho expediente sancionador, y ha criticado que tampoco ha sido facilitado a las otras dos personas que, al parecer, también mantienen abiertos expedientes por las protestas contra la privatización del servicio de aguas en Alcázar.