Los delegados del sindicato UGT de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) han reclamado a la Administración Penitenciaria que no les «discrimine y maltrate» y que dé solución a las «graves carencias» de la prisión de Ocaña I (Toledo).
En un comunicado, señalan que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, inauguró, el martes 14 de febrero, la panadería industrial en el centro penitenciario Ocaña I, «que sería la envidia de numerosos pueblos y ciudades de España. La licitación del acondicionamiento del local y equipamiento de la panadería asciende a 266.208,78 euros».
Recalcan que, «ante un proyecto de esta envergadura, el secretario general no quiso faltar para hacerse las fotos de rigor, pero mientras tanto el Centro Penitenciario Ocaña I sigue padeciendo los mismos problemas de siempre».
«Incapaces de invertir en medios humanos, materiales…»
Y afirman que «los dirigentes penitenciarios no tienen reparos en gastar miles y miles de euros en el acondicionamiento de local y equipamiento de esta panadería tan moderna, con el consiguiente coste que supondrá en el futuro su mantenimiento, pero son incapaces de invertir en medios humanos, materiales y de infraestructuras para garantizar la seguridad e integridad física tanto de los trabajadores penitenciarios como de la población reclusa».
Insisten en que el secretario general «conoce sobradamente la problemática de la prisión de Ocaña I, pues tuvimos ocasión de trasladarle nuestras demandas personalmente, en otra visita que realizó al centro, el 28 de diciembre de 2020, así como en numerosos escritos que se han remitido por parte de esta sección sindical para denunciar las carencias de las que adolece el centro».
«Siguen trasladando internos con un perfil de peligrosidad alto»
Entre los asuntos «que todavía no ha solucionado y que incluso algunos no suponen desembolsar ni un solo euro caben destacar»:
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«Seguimos siendo la Prisión Provincial, con lo cual tenemos internos sin clasificar, que al ser preventivos, implican “un riesgo adicional”, ya que se desconoce la conducta y peligrosidad de los mismos».
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«A pesar de que somos un centro de producción, nos siguen trasladando internos con un perfil de peligrosidad alto, o protagonistas de alteraciones de la vida regimental y de la seguridad de los centros, poniendo en peligro a los trabajadores y al resto de internos».
«Falta formación, menos sueldo que otros compañeros…»
Recuerdan «los graves incidentes que se produjeron en septiembre y diciembre del año pasado. Para más inri, el protagonista de los incidentes de septiembre y que agredió a dos mandos del centro ha vuelto a ingresar en la prisión y no son capaces de trasladarle a otro centro que cuente con mayores medidas de seguridad».
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«No contamos con los medios humanos, materiales y estructurales para preservar la seguridad del centro. Como dato, señalar que tenemos un déficit del 10 % de efectivos, porcentaje que aumentará en los próximos meses debido a que se producirán varias jubilaciones».
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«Aparte de la carencia de personal, hay que añadir la falta de formación a los trabajadores del centro».
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«A todo ello se suma, nuestra clasificación como centro de categoría 2.1, que supone unos 400 euros brutos menos que lo que cobran otros compañeros del territorio nacional por realizar el mismo trabajo».
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«No contamos con una cafetería, ni local adecuado para la comida de los trabajadores, a pesar de hacer turnos de 14 horas seguidas».