Agentes de la Policía Nacional de Albacete han detenido a una persona e imputado a otras dos por un delito contra los derechos de los trabajadores, tras descubrir en una explotación agraria a inmigrantes irregulares contratados con la documentación en regla de otras personas.
Según ha informado hoy la Delegación del Gobierno, la investigación comenzó el 22 de septiembre de 2012, cuando B.S., un ciudadano de Malí que se encontraba trabajando en la recolección de la patata contratado por la empresa de trabajo temporal U.I., sufrió un infarto cerebral que le dejó la parte izquierda del cuerpo paralizada.
A raíz de ello y con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Albacete, se inició una investigación por parte de la Comisaría de Albacete, que llevó a descubrir que el trabajador accidentado carecía de permiso de residencia y trabajo, y que había sido contratado por la empresa bajo la identidad de un compatriota, residente legal en España, cuya documentación aportó en ese momento.
Los policías constataron que esta situación «se venía repitiendo con otros trabajadores que eran dados de alta bajo la identidad de otras personas que habían trabajado con anterioridad para esa empresa», según las mismas fuentes.
También comprobaron que los empleados cobraban un salario muy por debajo de lo estipulado en el convenio agrícola de Albacete y no percibían todas las jornadas trabajadas.
Por estos hechos fue detenido el responsable de controlar para la empresa a los trabajadores en el campo, un ciudadano de Malí, K.S., quien actuaba «con total discrecionalidad a la hora de decidir las personas que trabajaban, siendo consciente de la situación de irregularidad en la que se encontraban algunos de los trabajadores contratados».
Asimismo, han sido imputados dos ciudadanos españoles directivos de la empresa de trabajo temporal, M.D.P.A. y A.A.A.B., ambos por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
La Policía ha señalado que este tipo de delitos es de difícil investigación ya que en muchos casos, por temor a represalias o conscientes de que su situación irregular pueda suponerles algún perjuicio, los trabajadores no denuncian a los empresarios que los tienen en un régimen de «semiesclavitud».