La plataforma para la defensa del agua de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) podrá realizar la consulta ciudadana sobre la privatización de la gestión del agua en este municipio, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado en una sentencia que no se vulnera la ley.
El fallo del Tribunal anula la resolución de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Ciudad Real del pasado 12 de marzo que consideraba improcedente tramitar la petición de comunicación para hacer la consulta ciudadana y otros actos informativos.
En los fundamentos de derecho, el Tribunal recoge que la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real no ha prohibido ningún acto sino que entiende que no ha de tramitarse la comunicación porque «no nos encontramos ante el ejercicio del derecho de reunión», pero no prohíbe instalar las mesas donde tiene previsto que se celebre la reunión.
Así, la Subdelegación sólo considera que «al estar la comunicación de la plataforma fuera del ámbito de ese derecho», la autorización debe solicitarla al Ayuntamiento por la ocupación de la vía pública.
Considera que se trata, en definitiva, de una reunión «con un fin concertado y común, como es informar a los ciudadanos», al tiempo que conocer su opinión, sobre la privatización del servicio» dentro de «un ambiente lúdico para atraer la atención de los viandantes».
Sin embargo, subraya que esta actuación no puede confundirse con un referéndum o una consulta popular, para la que, «ni se disponen de los medios (censo electoral) ni ostentan la competencia»
La sentencia puede ser recurrida ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo en el plazo de 10 días y condena a la Administración General del Estado a pagar las costas.
La Plataforma tiene previsto realizar la consulta del 21 al 24 de marzo en Alcázar de San Juan.
EL ALCALDE MATIZA
Por su parte, el alcalde de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Diego Ortega, ha asegurado hoy que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que permite la consulta ciudadana sobre la privatización de la gestión del agua «no autoriza ningún referéndum o consulta con validez jurídica o legal».
En declaraciones a la Agencia EFE, Ortega ha añadido que el TSJCM simplemente permite «que un grupo de ciudadanos continúen con su campaña informativa y realicen un referéndum camuflado».
El alcalde ha considerado que los ciudadanos son libres de participar en esta iniciativa por voluntad propia o a través de la plataforma, pero siempre desde «el derecho a expresar su opinión y respetar a quienes no lo consideren de igual manera desde la normalidad y pacíficamente, como hasta ahora».
Ortega ha confirmado que aunque haya «un grupo de vecinos» que no esté de acuerdo, el Ayuntamiento seguirá adelante con la empresa mixta de aguas, cuya firma de constitución podría llevarse a cabo mañana o el viernes.
LA PLATAFORMA SE FELICITA POR LA DECISIÓN DEL TSJ
La Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar ha expresado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que autoriza la consulta ciudadana sobre la privatización de parte del servicio de aguas en el municipio ciudadrealeño.
El portavoz de la plataforma, Juan Garrido, ha asegurado a la Agencia EFE que la sentencia en la que se reconoce el derecho de los ciudadanos a expresar su opinión sobre la privatización del agua será analizada esta tarde en el transcurso de una asamblea.
En esta reunión tendrán que decidir si inician o no mañana los actos informativos y la colocación de las mesas para que los vecinos puedan opinar, a modo de voto, si quieren que la gestión del agua siga siendo pública.
Garrido ha explicado que esta decisión se debe a que en la comunicación que se envió a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real figura que los actos se iban a celebrar del 21 al 24 de marzo, en vez del 20 al 22 de marzo como estaba previsto.
«A mí no me importaría empezar mañana, pero hay que esperar a ver qué decide la Asamblea», ha subrayado el portavoz del colectivo quien ha reiterado que «con la consulta sólo se trata de recabar la opinión de los ciudadanos, dentro de los actos de protesta e informativos que están realizando en los últimos meses».