El Plan de Familia 2013-2016, compuesto por siete ejes, catorce objetivos, 35 objetivos específicos y 169 medidas, tendrá un gasto mínimo de 254 millones aportado por las distintas consejerías del Gobierno regional, toda vez que en 2013 contó con 63,5 millones de euros.
Estos datos los ha aportado la directora general de Familia de la Junta, Silvia Valmaña, durante su intervención en la Comisión de Asuntos Sociales de las Cortes, en la que ha detallado los objetivos de dicho plan.
Valmaña ha destacado que entre los principales fines de este plan se incluye fomentar el reconocimiento del valor social de la familia, fortalecer la familia, aplicar en las políticas públicas la perspectiva de familia, proporcionar programas o servicios de atención a las familias que estén en situación de especial vulnerabilidad y proteger a sus miembros más vulnerables.
PARA DISTINTOS TIPOS DE FAMILIA
También apuesta por atender las necesidades de distintos tipos de familia, reconocer el valor social de la maternidad y la paternidad, apoyar la conciliación de la vida laboral y familiar, fomentar la participación de las familias en la adopción de medidas y la permanencia de las familias en el ámbito rural.
Las medidas concretas pasan por habilitar espacios, a través de la red de centros de internet en Castilla-La Mancha, para acceder a las nuevas tecnologías y evitar un mal uso de las nuevas tecnologías entre los menores.
Asimismo, se incluyen medidas que promuevan la conciliación de la vida familiar y profesional, con apoyo a la teleformación y atención a la infancia en ludotecas y en los propios domicilios.
En cuanto a la cooperación institucional, el plan apuesta por reforzar la transversalidad de las políticas de familia.
Además, una «acción bonita y novedosa» es favorecer las acciones que potencien el voluntariado en familia, tal y como ha valorado Valmaña.
También recoge medidas encaminadas a reforzar y facilitar el papel de la familia para crear hábitos saludables, encaminados sobre todo a evitar el consumo de drogas.
En el ámbito de la dependencia, el plan atiende a las necesidades concretas de los dependientes en el ámbito de la familia y otros colectivos que precisan una atención específica, como por ejemplo en el caso de enfermedad de los progenitores.
En cuanto a los casos de vulnerabilidad social, el plan de familia trata de incidir «en la atención y la asistencia», si bien trata de ir más allá del «mero asistencialismo».
En este punto, ha hecho hincapié en la educación como elemento principal para luchar por la integración social, por lo que Valmaña ha destacado que «todos los esfuerzos van a ir dirigidos a garantizar la escolarización de los niños» y a que «los padres tengan mayor incentivo a la hora de reforzar su labor de que sus hijos estén debidamente escolarizados».
APUESTA POR EL ACOGIMIENTO FAMILIAR
Sobre los menores en riesgo social, Valmaña ha resaltado que este punto «es una responsabilidad y una obligación legal», sin embargo ha apostado por ofrecer una protección «no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también en un sentido más amplio» y poner el foco en los menores infractores.
Una de las «medidas estrella» del plan es el acogimiento familiar, un punto en el que se ha apostado «de manera clara y rotunda» ya que se han mantenido las ayudas económicas.
«Éste es el plan de familia que nos comprometemos a cumplir, es un plan realista», ha afirmado Valmaña, quien ha resaltado que una de las novedades de este plan es que se generalizan las ayudas a través de mecanismos y otra, es «hacerlas posibles», porque si no se pueden pagar los apoyos, se engaña a la sociedad al ponerlos».
PSOE: «ES UNA TOMADURA DE PELO»
En cambio, la diputada del PSOE en las Cortes Matilde Valentín ha tachado el plan de «tomadura de pelo», ya que a su juicio es un plan «concebido más como auxilio social que como generador de derechos».
Además, ha criticado que este documento «concibe a las familias como una institución que tiene el papel de sostenedor de todos los miembros de la familia en cualquiera de sus ciclos vitales y todo ello, sin intentar invadir el ámbito privado de las familias ni modificar la realidad» y se ha preguntado si no es necesario cambiar aquellos casos de pobreza infantil, por ejemplo.
En concreto, se ha interesado por algunas medidas, como la bonificación de la matrícula universitaria en un 25 por ciento para las familias con dos o más hijos cursando estos estudios y ha preguntado con qué presupuesto cuenta o quién lo va a financiar.
Por otro lado, ha criticado las medidas de ajuste puestas en marcha por el Gobierno regional, algunas de ellas incluidas en el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, y ha alertado de que, en términos generales, el presupuesto para atender políticas de familia han descendido en un 80 por ciento desde que comenzó la actual legislatura.
Por todo ello, Valentín ha vaticinado que el plan de la familia «va a ser papel mojado, no sirve para nada, porque no sirve para resolver los problemas».