El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, ha desvelado que está «dudando de si pedir responsabilidades» por el contrato de agua de la ciudad de Toledo, suscrito por el gobierno del PP en el año 2007 con la empresa Tagus.
García-Page, en rueda de prensa para presentar la nueva oficina virtual de Tagus, ha justificado esta duda al haberse realizado un contrato que incluía expectativas irreales sobre un aumento sistemático del consumo de agua cada año.
El alcalde ha señalado que estas dudas engloban a los otros dos contratos realizados por el antiguo Gobierno del PP en esa época, el de basuras, que se encuentra «en la Audiencia Nacional por una supuesta comisión de 200.000 euros», y el de transporte, que «garantiza que haya beneficios para la empresa aunque no se suba nadie al autobús».
Respecto al contrato de agua, ha señalado que los técnicos del Ayuntamiento están elaborando un informe y estudiando el desequilibrio financiero, que ocurre «desde el principio de la concesión».
Preguntado por la gestión mixta del servicio municipal de agua y su oposición a que este método se aplique en Alcázar de San Juan, el alcalde de Toledo ha argumentado que en el municipio ciudadrealeño hay «un problema de reivindicación democrática, porque la gente quiere votar sobre una decisión que no estaba en el programa electoral de ningún partido».
«En segundo lugar, porque la gente no tiene clara la operación ni lo que hay detrás de ella y en tercer lugar, porque Aguas de Alcázar es pública y de la gente, que no es que la pague con sus impuestos, sino que trabajó físicamente en la empresa haciendo las obras de la red de abastecimiento y la sienten como algo suyo», ha añadido.
Por su parte, el gerente de Tagus en Toledo, Óscar Peris, ha dicho que él no cree que la gestión pública del agua sea más económica que la gestión mixta, aunque ha añadido que «no quiere decir que eso sea posible o no».
Peris, además, ha señalado que el consumo de agua ha descendido en los últimos «tres o cuatro años» como consecuencia de la crisis económica.
EL ALCALDE EXIGIRÁ A LA JUNTA QUE SE HAGA CARGO DE LA LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS
Por otro lado, el alcalde de Toledo exigirá en breve al Gobierno autonómico, a través de una resolución institucional y un requerimiento jurídico, que se haga cargo de las competencias de mantenimiento y limpieza de los centros educativos, labores que tienen un coste de 2,5 millones de euros anuales. Ha recordado que estas competencias pertenecen al Ejecutivo castellanomanchego y no al Ayuntamiento.
El alcalde ha apuntado que si la Junta asume las competencias ahorraría «más de dos millones de euros» con los que se podría «bajar más de un 5 por 100 el IBI o casi un tercio la tasa de basuras».
Ha explicado que la petición la realizarán con un requerimiento jurídico y una resolución institucional, y «no en los tribunales porque bastante lío tiene ya la Junta con los tribunales», ha añadido.
Por otra parte, García-Page, que también es líder del PSOE de Castilla-La Mancha, ha criticado la ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, texto que aprueba hoy el Consejo de Gobierno «después de tres años machacando derechos de los discapacitados y dependientes».
En este sentido, ha apuntado que la Junta ha reducido un 30 por 100 la partida a la discapacidad en los últimos años.
Y LA «INCOHERENCIA SUPINA DEL ALCALDE»
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, ha denunciado la «incoherencia supina del alcalde», Emiliano García-Page, después de que éste reclamara a la Junta que se haga cargo de las competencias de mantenimiento y limpieza de los centros educativos, labores que tienen un coste de 2,5 millones de euros anuales.
Para Alonso la «incoherencia» del alcalde queda patente al pedir la aplicación de la Ley de Sostenibilidad de la Administración Local «cuando él ha recurrido ante el Tribunal Constitucional esta ley por no estar de acuerdo con ella y se ha paseado de pueblo en pueblo desvirtuándola».
Para la portavoz popular esto evidencia que «Page no sabe ya qué hacer o qué decir para hacerse notar», y ha acusado de «falta de criterio del líder socialista» por reclamar al Gobierno regional «lo que recurre al Tribunal Constitucional, cuando de sobra sabe que la ley es buena y beneficiosa para todos los ayuntamientos».