La mayor parte de las comunidades autónomas han rechazado la posibilidad de que se pueda penalizar a los ciudadanos por un uso abusivo de la Sanidad, aunque sí apuestan por hacer una utilización adecuada de los recursos y educar a los usuarios sobre un uso más eficiente.
Tras defender esta semana el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, que los ciudadanos paguen por el mal uso de los servicios sanitarios, al igual que se penalizan las infracciones de tráfico mediante el carné por puntos, se han encendido las alarmas y las comunidades han mostrado su desacuerdo.
El consejero madrileño de Sanidad, Javier Rodríguez, ha discrepado de la propuesta ya que, a su juicio, «los ciudadanos no utilizan mal los servicios sanitarios» porque «cuando una persona acude a un hospital es porque se siente mal» y ha puesto como ejemplo «el padre de un niño con 39 de fiebre, que no sabe qué hacer».
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha asegurado a Efe que se opone a este copago, al igual que se ha opuesto a otros, y ha apostado por buscar vías no penalizadoras, en la línea de la educación sanitaria y del incremento del prestigio y la capacidad resoluta de la atención primaria.
Desde Castilla y León, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha rechazado también el establecimiento de algún tipo de copago por el uso de las urgencias, aunque ve necesario abrir un debate sobre el uso adecuado de los servicios sanitarios por parte de los ciudadanos.
La Consejería de Sanidad de Política Social de Murcia cree que sería «inviable» y «muy complicado establecer cómo se delimita que alguien ha hecho lo que es o no correcto al hacer uso de los servicios sanitarios de urgencias» y ha argumentado que, «antes de cobrar, es mejor formar y educar a los usuarios» sobre el uso más eficiente de los recursos del sistema sanitario.
En este sentido, la Consejería de Sanidad valenciana ve difícil definir «de manera objetiva» en que consiste hacer un mal uso de la Sanidad, por lo que ha sugerido un acuerdo de todas las autonomías a través del Consejo Interterritorial para ver qué acciones se pueden catalogar de esa forma.
Desde Cataluña también se han mostrado partidarios de «concienciar y no penalizar a los pacientes», de manera que el departamento de Salud de esta comunidad apuesta por hacer pedagogía en este sentido.
La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, tampoco comparte la propuesta y cree que «en ningún caso es la mejor alternativa para reconducir sus acciones».
A su juicio, «es mucho más justo, útil y efectivo formar al usuario en el uso responsable de los servicios y fomentar su corresponsabilidad en el cuidado de su propia salud», así como corregir los defectos de funcionamiento del sistema.
En declaraciones a Efe, la Consejería de Andalucía ha rechazado el planteamiento del presidente de la OMC y han señalado que «todos los agentes» que conforman el sistema sanitario, empezando por la Administración, junto con profesionales y usuarios, son corresponsables en el buen uso de los dispositivos de la sanidad pública.
En esta misma línea, la Consejería de Sanidad de Asturias ha dicho que «no es la idea más afortunada» sancionar al paciente que hace un uso inadecuado del sistema sanitario y ha precisado que ha quedado demostrado que «la implantación de modelos de servicios sociosanitarios de gestión público-privada» no ha producido más eficiencia, ni ha reducido costes.
Por su parte, la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, dirigida por el secretario nacional de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, no ha querido pronunciarse sobre esta cuestión, como tampoco lo ha hecho el Gobierno vasco, que prefiere analizar con detenimiento la propuesta, mientras que desde Navarra «no se han planteado nada parecido».
Por su parte, la Consejería de Sanidad de Galicia ha dicho que no van a hacer valoraciones al respecto, y para el Ejecutivo de La Rioja este asunto «no está en su agenda».