El sindicato ANPE acaba de iniciar una campaña con el objeto de concienciar a la comunidad educativa sobre cuál es la legalidad vigente en los temas de escolarización y conciertos educativos.
Según informa en nota de prensa, en relación con los conciertos educativos la legislación vigente, desde la Constitución hasta la Lomce, establece el régimen de conciertos para satisfacer necesidades de escolarización y atender a poblaciones escolares con condiciones económicas desfavorables, todo ello teniendo en cuenta el principio de economía y eficacia en el uso de los recursos públicos.
Por tanto, la enseñanza concertada se configura en la legislación como subsidiaria de la pública, debiéndose concertar lo estrictamente necesario para satisfacer esas necesidades urgentes de escolarización, allí donde la pública no llega y sin malgastarse el dinero público; por tanto, «no es lógico que la administración educativa concierte unidades, con su consiguiente coste, cuando existan vacantes en la enseñanza pública».
ANPE denuncia que la filosofía que rige en la Consejería de Educación «es totalmente contraria a los principios de la legalidad vigente ya que fomenta y promueve los conciertos y su mantenimiento en el tiempo».
Por otro lado, la LOE/Lomce obliga a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros públicos y concertados de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, «pero son siempre los públicos los que reciben casi todo este tipo de alumnado, por lo que ANPE exige que los ACNEAES se distribuyan de manera equitativa entre todos los centros sostenidos con fondos públicos».