La consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, y el subsecretario de Estado de Empleo, Pedro Llorente, han firmado un convenio de colaboración para luchar contra la economía irregular y el empleo sumergido en Castilla-La Mancha a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En el convenio se establecen los recursos necesarios para potenciar y mejorar la eficacia de los mecanismos de control e intensificar los instrumentos de disuasión y de reacción frente a conductas que generan competencia desleal, desprotección social de los trabajadores y evasión de cotizaciones sociales derivadas de las relaciones laborales, ha explicado la consejería en una nota de prensa.
Este convenio se enmarca en el Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social que prevé la implantación progresiva de mecanismos de colaboración y cooperación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las comunidades autónomas.
En este sentido, Carmen Casero ha asegurado que «el trabajo no declarado genera una situación de competencia desleal que perjudica gravemente a la gran mayoría de las empresas que actúan en el marco de la legalidad, dificultando sus propias posibilidades de crecimiento, además de provocar una disminución de las posibilidades de protección social de los propios trabajadores afectados y de sus condiciones de vida y de trabajo».
La titular de Empleo y Economía ha recordado que estos comportamientos y actitudes sociales dificultan la recuperación económica de la región y del conjunto del Estado, además de poner en peligro la propia sostenibilidad de nuestro sistema de protección social.
Por ello, ambas partes han estimado «inaplazable» la adopción de medidas que contribuyan a la consecución de niveles correctos de competencia empresarial y de protección social de los trabajadores.
Respecto del área de empleo y relaciones laborales están previstas en 2014 un total de 2.479 actuaciones, mientras que en el caso de la economía irregular alcanzarán la cifra de 11.947.
El convenio incluye la creación de un grupo de trabajo integrado por la Administración General del Estado y la Dirección Territorial de Trabajo y Seguridad Social, mientras que por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha participarán la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral y la Dirección General de Empleo y Juventud, ambas pertenecientes a la Consejería de Empleo y Economía