El PSOE pedirá en el próximo Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha del 24 de abril que la Junta paralice las revisiones «masivas» de oficio a dependientes que, a su juicio, tienen como fin recortar las prestaciones, y que incremente los recursos financieros destinados a la dependencia.
El portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado en rueda de prensa la proposición no de ley presentada por su grupo en la que se incluyen estas peticiones.
En la iniciativa socialista, se exige también que el Gobierno castellanomanchego «restituya» las prestaciones de los servicios a dependientes que han sido eliminadas.
Guijarro ha apuntado que con el anterior Ejecutivo socialista un total de 41.000 dependientes de la región tenían «algún tipo de prestación», mientras que con el actual Gobierno del PP «más de 12.000 beneficiarios se han quedado en el camino» y «casi 9.000 personas han dejado de cotizar a la Seguridad Social».
Al mismo tiempo, ha continuado, 7.000 personas se han quedado sin prestación económica, de forma que, «tal y como ha ratificado el Observatorio Nacional de Dependencia, Castilla-La Mancha ha sido la región que más ha retrocedido en la aplicación de la ley».
«Habiendo recibido incluso sentencias en contra de decisiones que toma el Gobierno regional de revisar de oficio todos los reconocimientos de situación de dependencia», ha criticado.
Por otra parte, se ha referido a la ley para suprimir de manera definitiva la supresión de la Sindicatura de Cuentas, que se aprobará también en el próximo Pleno, y ha indicado que el PSOE sigue manteniendo sus nueve enmiendas y plantea la creación de una oficina de control presupuestario en el Parlamento autonómico.
Guijarro también ha desvelado que el grupo parlamentario socialista llevará a futuras sesiones plenarias diferentes iniciativas parlamentarias, entre ellas peticiones de comparecencia al Gobierno y debates generales, sobre las «repercusiones muy negativas» de la ley del sector eléctrico.
Ha advertido de que esta ley afecta a las energías renovables y de biomasa, sector que se estaba desarrollando en la región por pequeños y grandes inversores de manera «pujante».
En Castilla-La Mancha, ha afirmado, se «llegó a contar con 12.000 empleos directos» en el sector y ahora «quedan poco más de 6.000».
Por ello, el grupo socialista pedirá explicaciones al Gobierno sobre por qué no ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley como han hecho otras regiones como Murcia, Galicia y Extremadura.