El vicepresidente de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), Aurelio Martín, ha remitido una carta a todas las Asociaciones de Periodistas de Castilla-La Mancha para dejarlas claro la postura de la Federación ante lo que va a ser la creación, de forma inmediata, del Colegio de Periodistas de Castilla-La Mancha.
Carta que se envía después de conocerse la postura de la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, quienes entienden que el Colegio de Periodistas de la región debe confomarse única y exclusivamente con titulados en Periodismo, sin realizar ninguna excepción, como pide la FAPE.
A continuación, publicamos, íntegro, el comunicado del vicepresidente de la FAPE:
«LA FAPE ABOGA POR LA TITULACIÓN Y DEFIENDE QUE LOS COLEGIOS ACOJAN A LOS REGISTRADOS EN LA FAPE»
«Ante las dudas que puedan estar surgiendo sobre el acceso al futuro Colegio Profesional de Periodistas de Castilla-La Mancha, durante la tramitación parlamentaria de la correspondiente ley, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) mantiene como criterio general, respetando la independencia y autonomía, tanto de organizaciones profesionales como de instituciones, la integración en los organismos colegiales de aquellos profesionales miembros de las asociaciones promotoras y, por lo tanto, inscritos en el Registro Profesional de Periodistas de la FAPE, en el momento de la entrada en vigor de la correspondiente ley, aunque no cumplan los requisitos de titulación, como medida transitoria y excepcional.
Este es el mismo criterio que queda plasmado en las siguientes leyes: 8 de noviembre de 1985, de Creación del Colegio Profesional de Periodistas de Cataluña; 5/2007, de 16 de marzo, del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia; 2/1999, del 24 de febrero, del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia; 1/2012, de 30 de enero, del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía; 8/2012, de 8 de noviembre, del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León; 8/2013, de 27 de septiembre, del Colegio Profesional de Periodistas de La Rioja, así como en otros textos en tramitación, como el de la creación del Colegio Profesional de Periodistas de Navarra.
De no seguir esta tónica legislativa se provocaría una falta de homogeneización de los miembros de los colegios profesionales, que en su día se verán integrados en un Consejo de Colegios, ya solicitado a Presidencia del Gobierno, en la misma fecha en que se pidió la inclusión de la colegiación obligatoria para el ejercicio profesional en la futura Ley de Servicios, al menos en algunas áreas.
Hay que partir señalando que la asamblea general de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el día 1 de abril de 2006, acordó cerrar la que se vino a llamar «tercera vía» de acceso al Registro Profesional de Periodistas, dejándolo abierto sólo a los casos de excepcionalidad sometidos a examen de la Comisión de Garantías,, manteniendo una defensa inequívoca de la titulación universitaria en Periodismo o Comunicación Audiovisual, para el ejercicio de la profesión.
Por otra parte, con el fin de que no se produzca una fractura en la organización del colectivo profesional de periodistas, extraordinariamente castigado por la crisis económica, la FAPE ha impulsado la creación de una mesa con los colegios profesionales, para trabajar conjuntamente en todos aquellos asuntos, tanto profesionales, como de garantía de derechos de los ciudadanos, desde el cumplimiento de los criterios éticos y deontológicos.
Actualmente, en las asociaciones que integran la FAPE conviven aún profesionales de la llamada «tercera vía», aunque en menor número que años pasados, con licenciados, teniendo en cuenta que la realidad de la profesión en España nos dice que, en la actualidad, la gran mayoría de profesionales que se integran en las redacciones, aunque la crisis económica y específica del sector dificulta nuevas contrataciones, proviene de las facultades específicas de Ciencias de la Información o la Comunicación.
Dejar sin incluir a estos profesionales, que forman un grupo de experimentados y veteranos periodistas, supondría una división importante en el colectivo que repercutiría en la creación del Colegio, principalmente porque le impulsan las asociaciones de periodistas en las que están integrados, desde hace varias décadas, con una actividad laboral sobradamente demostrada.
Carece de sentido que se promueva un Colegio por unas asociaciones si después se van a quedar fuera muchos profesionales que son quienes promoverían el organismo y que, de ser así, tendría pocas posibilidades de salir adelante, pudiéndose fijar, como se está haciendo, un plazo de admisión a los miembros de las asociaciones, generalmente hasta el día siguiente de entrada en vigor de la ley, por lo que, a partir de entonces, se garantiza que todos los colegiados contarán con la correspondiente titulación requerida.
Es preciso recordar que la iniciativa de creación de los colegios partió de FAPE por considerar que son un mejor instrumento para la defensa de los intereses de la profesión y a la vista de que, en otras comunidades, su promoción no nacía desde las asociaciones de periodistas, lo que supuso una auténtica apertura de puertas al acceso de colegiados sin titulación. De ahí que, defendiendo la integración de los miembros de las asociaciones promotoras, la FAPE mantiene el rechazo a otro supuesto que aparece en algunas leyes de Colegios de Periodistas, como es el acceso excepcional.
Entendemos que es un caso totalmente distinto al anterior porque este apartado si abriría nuevamente la «tercera vía», lo que entra en clara contradicción con la realidad, establecida y mantenida firmemente, tanto por la FAPE como por las asociaciones de periodistas. Esta forma de acceso al Colegio sí ha sido realmente nefasta y caótica donde se ha establecido.
Partimos de que nos encontramos con una profesión que no está regulada en España y cuya colegiación no es obligatoria, lo que no es óbice para que los promotores del Colegio, en toda España, aboguen por la creación de este organismo profesional como elemento de estabilidad bajo el amparo del Derecho Público.
Haciendo historia, recordamos que, en varias legislaturas, el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), integrado mayoritariamente por sindicatos, han tratado de someter a la aprobación el conocido como Estatuto del Periodista, también impulsado desde IU. El llamado ahora proyecto de Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información a la Ciudadanía, el FOP considera periodista a «quien tiene por ocupación principal y remunerada la obtención, elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de información de actualidad de relevancia pública, en formato literario, gráfico, audiovisual, multimedia o cualquier otro, con independencia del tipo de relación contractual que pueda mantener con una o varias empresas, instituciones o asociaciones».
Esta es una de las causas por las que la FAPE no se ha sumado a la iniciativa porque, a diferencia del FOP, considera periodista a quién está en posesión de un título en Periodismo, pero también a así como quienes a la entrada en vigor del Estatuto – llegado el caso- se hallen inscritos en el Registro de Periodistas de FAPE, por las mismas razones argumentadas para los Colegios».