La Justicia está investigando la utilización de una empresa pública por parte del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) durante cuatro años de gobierno socialista, entre 2006 y 2010, en concreto de Aguas de Alcázar, que supuestamente adjudicó contratos por valor de 25 millones de euros, tal y como publica hoy sábado el diario El Mundo, para realizar todas las obras del municipio y no de forma exclusiva para el cometido que fue creada.
El presunto responsable es, afirma el diario, el exalcalde, José Fernando Sánchez Bódalo. Las beneficiadas, tres empresas que se llevaron, en contratos, el 75 por 100 de esos 25 millones. En total, 18 millones. Y es que la instrucción, dice El Mundo, «ha revelado una total falta de control de las obras realizadas en el municipio a través del subterfugio de la delegación. El 15 de octubre de 2003 el Consejo de Administración de Aguas de Alcázar, presidido por Sánchez Bódalo, decidió ampliar su objeto social para pasar a ocuparse de todas las obras del municipio, a pesar de carecer de infraestructura y medios personales para ello. Apenas 8 ó 10 fontaneros y una retroexcavadora para hacerse cargo de contratos que llegaron a alcanzar los 2.5 millones».
Por lo que «se contrataba sistemáticamente con terceros, saltándose las normas básicas del procedimiento y eludiendo el mínimo control». Una instrucción que apunta a supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.