Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado hoy, de manera definitiva y con el voto en contra del PSOE, la ley por la que se suprime la Sindicatura de Cuentas, una medida con la que se pretende ahorrar 1,6 millones de euros y eliminar duplicidades.
La eliminación de este organismo, cuyas funciones pasarán al Tribunal de Cuentas, ha salido adelante con el voto del PP y el rechazo del PSOE, mientras que las nueve enmiendas parciales que los socialistas han mantenido vivas para su debate en el Pleno de las Cortes han sido votadas en contra por el PP.
La supresión de la Sindicatura de Cuentas, un órgano que se creó en 1993, se suma a la eliminación del Defensor del Pueblo, del Consejo Económico y Social y de la Comisión Regional de la Competencia, unas medidas que permitirán ahorrar a la administración, en total, «más de 70 millones de euros», según ha calculado el diputado del PP en las Cortes, José Manuel Tortosa.
«EL ÚLTIMO PASO CONTRA ÓRGANOS DUPLICADOS», DICE EL GOBIERNO
El consejero portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha subrayado en su intervención en el debate -que ha sido seguido desde la tribuna de invitados por el síndico, Miguel Ángel Cabezas de Herrera- que la supresión de este órgano supone «el último paso» en la comunidad para eliminar órganos duplicados, que existían a nivel regional y estatal, y hacerlo de manera «ejemplar».
Esteban ha subrayado que el objetivo de esta medida es «intentar construir una administración del siglo XXI, racional y que entiendan los ciudadanos» y ha defendido que no se produce «menoscabo de ninguna función de control del Gobierno ni en materia presupuestaria y financiera».
PSOE: «A COSPEDAL NO LE INTERESAN LOS INFORMES DE LA SINDICATURA SOBRE LOS RECORTES»
En cambio, la diputada socialista Delfina Carrasco ha cuestionado que el objetivo de esta supresión sea el ahorro y ha mostrado sus sospechas de que el motivo de la eliminación de la Sindicatura de Cuentas es porque «estorbaba, porque el Gobierno regional sabía que nunca podría hacer informes favorables a los inhumanos recortes».
«Está claro que no interesa a Cospedal que la Sindicatura de Cuentas ponga de manifiesto el número de trabajadores públicos despedidos en 2012», ha denunciado la diputada socialista.
Además, Carrasco ha informado de que, en la actual legislatura, la Administración regional ha aumentado su deuda en 3.800 millones de euros, debe 1.646 millones de euros en facturas a pesar del pago a proveedores y ha incrementado su deuda bancaria.
«Después de todos los recortes, ni siquiera han logrado pagar a todos los proveedores», ha lamentado la diputada socialista.
Además, ha puesto en duda que realmente, con la supresión de la sindicatura, se vaya a producir un ahorro efectivo, pues ha señalado que tan sólo se va a producir el despido de una persona y ha apuntado que precisamente el contenido de una de las enmiendas que ha sido rechazada iba encaminada a mantener la contratación de esta persona, que ejerce las labores de conserje.
También ha lamentado que no haya salido adelante la propuesta para crear una oficina de control presupuestario adscrita a las Cortes regionales y ha preguntado por el motivo para rechazar la propuesta: «si son tan buenos gestores, ¿cuál es el problema?», ha inquirido.
PP: «EL PSOE SE DISTINGUIÓ POR EL DESPRECIO ABSOLUTO AL RIGOR PRESUPUESTARIO»
El diputado del PP José Manuel Tortosa, que ha sido el encargado de defender el dictamen de la ley, ha incidido en que esta medida no supondrá una «menor fiscalización» de las cuentas públicas ni un menor control de la acción del Gobierno regional, pues ha reiterado que, además de que estas tareas las asumirá el Tribunal de Cuentas, ya existe una Oficina de Control Presupuestario adscrita a la Consejería de Presidencia.
En este punto, ha ironizado sobre la propuesta del PSOE sobre una oficina de control presupuestaria adscrita a las Cortes regionales al afirmar que le resulta «curioso» que los socialistas precisamente hagan esta propuesta, pues ha recordado que en los últimos años del anterior Gobierno regional, el déficit público creció «sin control» y Castilla-La Mancha cerró 2011 con un desequilibrio presupuestario superior al 7 por ciento.
«Si son precisamente los que se han distinguido en su gestión por el desprecio más absoluto al rigor presupuestario», ha espetado Teruel a la bancada socialista.
Además, ha destacado que esta supresión no conllevará el despido de empleados públicos, pues todos los funcionarios tendrán su acomodo en la Administración regional y solamente se producirá la «amortización de una plaza de carácter temporal».
Por todo ello, Teruel ha aconsejado al PSOE que «es hora de que reconozca la realidad en que dejó la región en 2011», con una situación que era «insostenible» y apoyen las medidas que permiten a la región tener «un presente alentador y un futuro prometedor».