La Sociedad Gitana Española ha dirigido un escrito de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exigir se pidan explicaciones al juez instructor de Toledo que lleva el caso de los niños gitanos Ángel y Fernando, desaparecidos en Madrid y encontrados sin vida en un vertedero de Toledo «en extrañísimas circunstancias» y que se abra una «profunda investigación» para saber por qué el juez de esta causa prorroga mes a mes el secreto de sumario, «sin dar ningún tipo de explicación ni fundamentar este tipo de decisiones a los padres de los niños y a la familia afectada».
En su escrito, Sociedad Gitana explica que tampoco, a día de hoy, se ha facilitado información alguna a los padres ni a los familiares, habiendo tenido éstos que enterarse de las apariciones de los niños por los medios de comunicación y nunca por información oficial, igual que ha pasado con la Policía Nacional.
«¿Puede haber gato encerrado?»
Este colectivo considera que la actuación de la Policía Nacional en el caso así como la del propio Juzgado «han dejado mucho que desear, creando y dejando lagunas de sospecha de que, en estas formas de actuar, pueda haber gato encerrado, además de crear una situación de indefensión vulnerando los apartados y los derechos más sagrados de nuestra Constitución para con los intereses de esta familia».
En su opinión, «emitir este tipo de órdenes sospechosas atentan frontalmente contra derechos fundamentales de los padres de los fallecidos como han sido las resoluciones emitidas para que nadie pudiera corroborar la identidad de los niños, así como que a los forenses privados de la familia el juzgado aún no les haya permitido acceder a la totalidad de la información disponible, como fotos, videos o el informe del forense judicial» para poder ellos actuar y emitir su propio informe de autopsia profesional privado y tampoco haber permitido acceder a diversos testigos esenciales promoviendo alargar la causa, secreto de sumario e instrucción del caso, en contra de los intereses propios de la justicia para esclarecer toda la verdad.
Además el que exista secreto de sumario la ley no obliga a ejercer prácticas que obstruyan a la justicia y no responder a forenses y abogados contratados familia y afectados, llevando el silencio a todas las solicitudes y requerimientos solicitados por estos profesionales, lo que les lleva a presentar ante el Consejo General del Poder Judicial su queja y la apertura «de una investigación profunda y que se le pidan explicaciones acerca de sus decisiones y actuaciones en este caso al Juez Instructor de Toledo».