El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a las ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género en la región para todo el año 2023 y también para el año 2024 por un importe de 2,5 millones de euros, con el objetivo de alcanzar a más de 400 víctimas de violencia de género en cada uno de los años.
Una información que ya adelantó este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y que ha informado este miércoles la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno.
Más de 1,2 millones para cada año con los que se alcanzarán el 100% de solicitudes
Según ha señalado Fernández, el objeto de estas convocatorias es asegurar el acceso a una vivienda de manera independiente, subvencionando los gastos que se deriven de los contratos de arrendamiento, por lo que “son imprescindibles a la hora de romper el círculo de la violencia de género, que les impide a muchas mujeres llevar una vida plena y en condiciones de libertad y derechos”.
Además, ha explicado que esta línea de ayudas, que se inició durante la actual legislatura, cuenta “con un carácter muy novedoso”, ya que se trata de una convocatoria de ayudas únicamente destinada a víctimas de violencia de género, “lo que supone un tremendo orgullo”.
El primer año destinamos 170.000 euros y llegamos a 107 mujeres, por lo que este 2023 se ha aumentado hasta siete veces el presupuesto, “con el que alcanzaremos el 100% de las solicitudes”.
La portavoz ha aclarado que se ha aprobado la misma cantidad, para 2024, otros 1.250.000 euros: “las transferencias ya se han hecho por parte del Instituto de la Mujer a la Consejería de Fomento, garantizando así los fondos para el año que viene”.
Características y cantidades subvencionables
Fernández ha detallado que se concederá a aquellos contratos que estén en vigor desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, y que supongan una mensualidad máxima de 750 euros, sin incluir los anejos vinculados, como garaje y trastero.
Con carácter general, se concederá a las beneficiarias una ayuda del 60% de la renta mensual por el alquiler de su vivienda habitual y permanente. Dicha cuantía podrá ascender hasta el 75 %, en el caso de que la receptora o cualquiera de sus familiares, ascendientes o descendientes que convivan con ella tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% de carácter psíquico y del 65% de índole física.
No obstante, se podrá llegar a subvencionar el 100% de la renta mensual del arrendamiento de la vivienda si se trata de una familia numerosa, la beneficiaria proviene de una situación en recurso de acogida del Instituto de la Mujer o bien tenga a su cargo un ascendiente o descendiente en situación de dependencia.
La consejera ha aclarado que, aunque el importe máximo de la ayuda no superará los 750 euros mensuales, las cuantías anteriores no se minorarán en el caso de existir otras personas titulares del contrato de arrendamiento.
Asimismo, se contempla la posibilidad de anticipar la ayuda por trimestres, “ya que se trata de mujeres con acceso dificultoso al mercado laboral”. Además, el procedimiento de concesión responderá a un criterio de prelación temporal hasta el agotamiento de crédito y tras una previa evaluación individualizada.
Para finalizar, Blanca Fernández ha confirmado que la convocatoria se enmarca en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, información que pasó ayer por la reunión semanal del Consejo de Gobierno.