La Universidad de Castilla-La Mancha ha mostrado su rechazo a la que será la nueva Ley General de Seguridad Social, que entrará en vigor en octubre, porque obliga a las empresas a cotizar por el alumnado en prácticas, algo que para la universidad constituye «un riesgo». Para la universidad regional, las estancias de prácticas no representan una relación laboral, «sino una actividad formativa de gran trascendencia en muchas titulaciones».
«No ofrece una mejora sustancial en la protección de los estudiantes en prácticas y, en cambio, resulta un elemento de disuasión para que las empresas y entidades públicas acojan estudiantes. De hecho, muchas de las que quieren seguir haciéndolo ya están exigiendo que, contra la regla general de la citada disposición, sean las universidades las que asuman las obligaciones de alta, baja y cotización», argumenta la UCLM en un comunicado.
Una de las salidas que ofrece la UCLM a este cambio normativo es que se extienda «una moratoria de entrada en vigor» de la ley hasta, como mínimo, un curso académico.
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La UCLM pide consensuar la norma con el Ministerio de Universidad
Las empresas que firman convenios con estudiantes de la UCLM para realizar prácticas formativas son, en su mayoría, compañías pequeñas. Un hecho que «limitaría las oportunidades de formación» porque, argumenta la universidad, podrían verse desalentadas por su falta de capacidad económica.
Además, la universidad castellanomanchega considera que la nueva norma «debería haber sido consensuada con otros ministerios, como el de Universidades, para que pudieran haber incluido otra mirada».