Senadores socialistas de otras comunidades autónomas han criticado la falta de consenso en la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que han calificado de «pucherazo» que responde únicamente a intereses electorales y partidistas de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal.
Cinco parlamentarios socialistas se han inscrito para intervenir en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que hoy debate el dictamen sobre la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.
El andaluz Juan Pablo Durán ha denunciado que la reforma supone la ruptura del principio constituyente de consenso, porque, según ha dicho, «nacerá por imposición», justo en un momento en que se apela al espíritu de la Constitución para rechazar otras demandas autonómicas, en referencia a Cataluña.
En su opinión, la aprobación de la reforma servirá de argumento para defender esas demandas y deparará más confrontación en el futuro.
El madrileño José Quintana ha recalcado que se trata de uno de los «ataques más serios» que ha recibido la Constitución y de una propuesta «vacía de acuerdo» que sirve a los intereses electorales del PP y manda el mensaje de «terribles consecuencias» de que la democracia puede funcionar sin políticos.
«Es una cacicada de la presidenta de los ‘jueves'», ha denunciado Quintana, a quien le ha seguido en el turno de palabra la gallega Paula Fernández Pena, para quien Cospedal se aferra al sillón con esta reforma que «atufa a puchero podrido» y que, según ha señalado, se repite en otra regiones gobernadas por el PP como Galicia.
Fernández Pena ha incidido en que las reformas estatutarias «no están para garantizarse derechos electorales a perpetuidad, sino para garantizar los derechos de los ciudadanos».
Para el castellanoleonés Ibán García del Blanco el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha será un «pequeño frankestein» para el resto de comunidades autónomas y las reformas no se puede acometer de forma unilateral «y, mucho menos, por intereses mezquinos».
Finalmente, el vasco Antonio Rodríguez Esquerdo ha hablado de «pucherazo en toda regla» que obedece a intereses partidarios, ha acusado al PP de reservar la política para una élite y ha afirmado que «el Estatuto, al que algunos llaman el estatuto Bárcenas, traspasa todas las líneas rojas posibles».