La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha desestimado el recurso interpuesto por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca a la modificación de varias ordenanzas municipales de 2012.
Según ha afirmado el Ayuntamiento en nota de prensa, en su recurso el Grupo Popular solicitaba «que se declararan nulos los acuerdos del pleno en el que se aprobó la modificación, que se condenara al Ayuntamiento a volver a realizar los diferentes expedientes administrativos, que se obligara a dejar de cobrar el precio de las mismas y que se devolvieran las cantidades que se habían cobrado mal».
Sin embargo, el consistorio añade que el alto tribunal considera en su sentencia que las modificaciones se hicieron en su mayoría para adaptar las ordenanzas al IPC, que fueron informadas favorablemente por la Intervención Municipal y que el recurso del Grupo Popular «realiza una serie de aseveraciones sobre las Ordenanzas impugnadas sin la apoyadura de una prueba documental y técnica, que permita llegar a este Tribunal a una conclusión precisa».
En declaraciones a EFE, el alcalde de Cuenca, Juan Ávila, ha manifestado que la sentencia es una prueba más, «es verdad que de una cierta envergadura», de la oposición que en esta legislatura está realizando el Grupo Popular, y que ha calificado de «obstruccionista y destructiva».
«Su práctica política desde el primer día consiste en poner zancadillas para que el equipo de gobierno que yo presido no pueda hacer nada en Cuenca; y si tienen que llegar a los tribunales aunque sea sin fundamento, como dice esta sentencia, lo hacen sin ningún pudor», ha dicho Ávila.
Entre estos «palos en las ruedas», el alcalde ha citado el arreglo de la Plaza de San José Obrero, el segundo Plan de Asfaltado o la rehabilitación del Mercado Municipal, que o bien ha recurrido el Grupo Popular o bien ha anunciado su intención de recurrirlos.
En todo caso, ha asegurado que «vamos a seguir franqueando estos obstáculos que no se entienden desde una política sensata».
El Grupo Popular ha confirmado ya que no tiene intención de presentar el recurso de casación, para el que la sentencia deja un plazo de diez días, porque también han recurrido las ordenanzas municipales de 2013 y esperan que ese recurso sí prospere.
El portavoz popular, Pedro José García Hidalgo, ha asegurado que «nosotros sí acatamos las sentencias» y ha indicado que el recurso presentado en 2013 «sí está suficientemente argumentado» y esperan que pueda salir adelante, según informa el Grupo Popular en nota de prensa.
Ha añadido que existe otra sentencia del alto tribunal, referente al cobro del complemento específico de un funcionario, que «refleja multas coercitivas para el alcalde si no la ejecuta», y lo considera una prueba de que «el TSJ sabe que el alcalde incumple las sentencias».