A los políticos hay que exigirles coherencia. A todos, pero de manera especial a los dirigentes y a los que ocupan cargos públicos. Viene esto a cuento porque, en las últimas semanas, muchos y muy destacados socialistas como los ex presidentes Zapatero y González, Manuel Chaves, José Antonio Griñán, casi todos los líderes regionales del partido y otros han pedido públicamente a la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, que se presente candidata a dirigir el PSOE en sustitución de Alfredo Pérez Rubalcaba. Algunos consideran que ella podía ser la secretaria general del partido sin dejar de ser, al mismo tiempo, la máxima responsable de la Junta de Andalucía que dirige en coalición con Izquierda Unida.
En 2011, durante la precampaña y la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo de ese año, a esos mismos dirigentes socialistas se les llenaba la boca denunciando -y con toda razón- que la secretaría general del PP, María Dolores de Cospedal, tenía que dejar ese cargo si quería presidir el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, en el caso de que ganara las elecciones. Cuando el PP las ganó, ellos siguieron denunciando -también con toda la razón- que era una presidenta «a tiempo parcial», lo que le impedía dedicarse a esta región todo lo necesario y, como consecuencia, que perjudicaba a la ciudadanía.
¿Por qué ahora no han dicho que Susana Díaz debía elegir entre uno u otro cargo, entre dirigir su partido o continuar al frente de la Junta de Andalucía? ¿Acaso no es, exactamente, la misma situación?
CUMPLIR LA PALABRA DADA
Frente a tanta exhibición pública de incoherencia, Susana Díaz ha demostrado que cumple su palabra -al menos, en esta ocasión lo ha hecho- y ha dicho que va a seguir al frente del Gobierno de Andalucía porque la nombraron para ese cometido y lo aceptó, porque es una región que tiene muchos problemas y porque ella quiere hacer todo lo que pueda para resolverlos favoreciendo la «estabilidad política» que necesita la región con más habitantes de España.
La falta de coherencia es un mal que afecta a muchos políticos. Tanto y a tantos afecta que -permitan la ironía- tal vez habría que pensar en establecer una asignatura de coherencia y obligar a todos los políticos a aprobarla para poder dedicarse a tan noble pero desprestigiada actividad, de la misma manera que los estudiantes tienen que superar estos días las pruebas de selectividad si quieran entrar en la universidad.
La incoherencia también ha afectado a algún cargo del Ministerio de Fomento, según dicen las principales asociaciones y sindicatos de pilotos y controladores aéreos, a pesar de que la ministra Ana Pastor es una de las que mejor está haciendo su trabajo en el gabinete de Mariano Rajoy. Esos colectivos han denunciado que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) pretende imponer por ley que el inglés sea la única lengua válida para utilizar en las comunicaciones que mantienen los pilotos con el personal de las torres de control de los aeropuertos… ¡aunque sean aviones españoles y con tripulación española!
PROHIBIDO HABLAR EN ESPAÑOL
En ningún país del mundo se obliga a su personal en tierra a hablar en otro idioma con sus pilotos. Además, la lengua española está reconocida oficialmente por la Organización Internacional de Aviación Civil desde que fue fundada, en 1944. ¿A quién se le ha ocurrido la incoherencia de prohibir el uso en esos casos de la tercera lengua más hablada en el mundo -después del chino mandarín y el inglés-, reconocida como uno de los idiomas oficiales de la ONU y en otros muchos organismos internacionales? Todavía se está a tiempo de evitar este disparate que, según las asociaciones afectadas, puede acarrear problemas de falta de seguridad.
Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, ha escrito que estaba dispuesto a dejar el cargo de secretario general de esa federación, harto de sus discrepancias con Artur Mas y, sobre todo, porque CiU ha decidido que sus diputados se abstengan cuando se vote al Príncipe de Asturias como rey de España mientras él defendía que votaran a favor. Después ha dado un paso atrás y ha explicado que no quería decir eso, sino que se trataba de una simple «reflexión».
La verdad es que Duran, el parlamentario que más puentes ha tendido entre el Gobierno español y Cataluña e imagen viva de la moderación y el sentido común -el seny catalán- en sus intervenciones, vive desde hace tiempo en una permanente incoherencia, en la que le ha metido Artur Mas: preside la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y viaja al extranjero como representante oficial del Parlamento de un Estado del que su jefe político quiere independizarse. ¿Hay quien lo entienda?
Estos son sólo algunos ejemplos de incoherencia, pero basta ver cualquier periódico o escuchar las noticias en la radio o la televisión para encontrar otros muchos a diario. Lo dicho: a muchos políticos habría que examinarles de coherencia.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
También es una incoherencia -aunque sería más apropiado algún adjetivo bastante más fuerte- que muchas calles del centro de Talavera de la Reina (Toledo) fueran cortadas al tráfico de vehículos y al paso de las personas el 31 de mayo, por el acto institucional que iba a presidir María Dolores de Cospedal en el Día de la Región.
¿A quién se le ocurrió semejante idea? ¿Cómo iban a aplaudir los afiliados o votantes del PP a la presidenta si no podían verla ni de lejos? ¿Para qué anunciar tanto el acto, como preguntaban algunos vecinos, si no podían acercarse ni siquiera a los alrededores? ¿Nadie pensó en los comercios que no pudieron atender a sus clientes durante toda la mañana? ¿Y en los visitantes que llegaran ese sábado a la ciudad de la cerámica y no pudieran visitar el casco antiguo, la Colegial y la Plaza del Pan? Ni en las visitas del Rey o de la Reina se sobrepasan con tanta desmesura los límites de las lógicas y obligadas medidas de seguridad. ¿Quién tiene tanto miedo a que algunos ciudadanos quieran expresar con protestas su descontento con el Gobierno del PP? Los dirigentes políticos están obligados aceptar esas protestas y la Policía debe impedir que sean violentas, pero con medidas de seguridad proporcionadas a la situación y no tan exageradas y fuera de lugar como éstas.