El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha asegurado hoy que la propuesta del Grupo Popular en las Cortes regionales para reformar la Ley Electoral es «justa» y permitirá gobernar al partido que determinen los ciudadanos, es decir, al que tenga más votos.
A preguntas de los periodistas durante una visita al municipio toledano de Cervera de los Montes, Jesús Labrador ha afirmado que le sorprende «el extremismo cada vez más radical» de personas como el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page que, a su juicio, «son torpes políticamente».
El delegado del Gobierno ha señalado que los socialistas desconocen la legislación electoral y confunden su idea de designar el número de diputados «a capón», frente a un número establecido teniendo en cuenta criterios «objetivos y racionales».
En este sentido, ha explicado que la primera legislación de Castilla-La Mancha fijaba también un número de diputados con arreglo a un criterio territorial y ha añadido que, con una extensión de 80.000 kilómetros cuadrados, las provincias tienen que estar representadas con un criterio proporcional a la población que hay en cada una de ellas.
Labrador ha recordado que esto ya existía en la ley original del año 1986 hasta que «el PSOE lo cambió por designar el número de diputados que le convenía para tratar de ganar las elecciones».
Por ello, ha pedido a los representantes políticos del PSOE y, especialmente a García-Page, «que abandonen el extremismo y la bronca por la bronca y se olviden de antiguos privilegios».
El delegado del Gobierno también ha puesto en valor la labor que llevan a cabo los alcaldes y concejales de pequeños municipios como el de Cervera que, en su opinión, «realizan una vocación de servicio» y son «los auténticos servidores públicos» que velan por el bienestar de sus vecinos.
De esta manera, ha destacado que en Castilla-La Mancha hay 919 municipios, de los cuales el 68 por ciento (628) no llega a los mil habitantes y casi el 92 por ciento (842) no alcanza los 5000, además de 7548 concejales que, en su mayoría, realizan esta tarea «sin percibir remuneración por ello».
Labrador ha reivindicado su labor de servicio público «frente a otras personas que defienden el privilegio para los partidos políticos y el sueldo y el aumento del número de diputados».