El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy el plan de ordenación de los recursos humanos del futuro hospital de Toledo, un paso más para avanzar en el reinicio de las obras del centro sanitario.
Fuentes del Sescam han explicado a Efe que hoy se ha celebrado la última mesa sectorial sobre este asunto y que en ella se ha aprobado el plan de ordenación de los recursos humanos del futuro hospital de Toledo, que afecta a 302 puestos.
Estas fuentes han hecho hincapié en el «gran esfuerzo para dialogar y acercar posturas» del Sescam con las siete organizaciones sindicales, como a su juicio lo demuestra el haber rebajado los afectados de 340 a 302, si bien finalmente todos los sindicatos han votado en contra de este plan.
El plan de ordenación de los recursos humanos repercutirá exclusivamente a personal no sanitario como personal de mantenimiento o cocina, tal y como han incidido estas fuentes, que han recalcado que el personal sanitario, como médicos o enfermeros, seguirán perteneciendo a la sanidad pública.
Además, han afirmado que el Sescam va a respetar los derechos de los trabajadores afectados y, además, se fomentará la libre elección, es decir, que podrán elegir si quieren ser contratados por la empresa concesionaria mediante un contrato laboral fijo, o sino, mantener en las mismas condiciones que en la actualidad.
También se ofrece la opción de que se pueda tramitar la movilidad interna voluntaria.
Tras la aprobación del plan de ordenación de los recursos humanos, el siguiente paso es la aprobación en el Consejo de Gobierno de los pliegos y el plan funcional del nuevo hospital de Toledo y una vez superado este trámite, se abrirá el plazo para que las empresas puedan presentar sus ofertas para concluir la obra.
Por lo tanto, este trámite permite, tal y como han aseverado estas fuentes, seguir avanzando en el reinicio de las obras del futuro hospital que aplicará un modelo mixto que, según han indicado estas fuentes, es similar a los que están en marcha en Almansa, Villarrobledo o Tomelloso y es el que se aplica en todos los hospitales abiertos desde 1993, donde se «externalizan los servicios que no son sanitarios».