El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación Farmacéutica que, entre otras novedades, establece que tendrán prioridad en los concursos de nuevas farmacias los farmacéuticos que hayan trabajado en el medio rural.
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha comparecido tras la reunión del Consejo de Gobierno y ha explicado que con el nuevo procedimiento se valorará con mayor puntuación a aquellos que hayan trabajado en oficinas de farmacia de núcleos de población con menos de 750 y de 1.500 habitantes.
Ha señalado que, además de haber sido consensuada con el sector farmacéutico, «apoya en especial al mundo rural, donde las oficinas de farmacia realizan un servicio imprescindible».
En Castilla-La Mancha hay 1.274 oficinas de farmacia, 424 que se encuentran en poblaciones pequeñas, que se verán beneficiadas con el nuevo procedimiento de concurso, ha destacado Echániz.
El consejero ha explicado que los farmacéuticos han solicitado una revisión de la norma, porque la legislación vigente es de 2005 y «tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias, por ejemplo a la situación de las farmacias rurales, la utilización de la receta electrónica o la venta por Internet».
Entre los objetivos de la modificación de la norma está su adaptación a la normativa estatal, optimizar la planificación farmacéutica y mejorar la asistencia mediante el desarrollo de nuevas funciones de los farmacéuticos.
Echániz ha destacado que la ley contempla la creación de una Comisión Regional de uso racional de los medicamentos, para promover la capacidad de gestión y su utilización responsable.
Además, la reforma establece la base legal para la ordenación de los depósitos de medicamentos y la atención farmacéutica a las residencias de mayores de Castilla-La Mancha en las que se atiende a más de 20.000 personas.
El consejero ha indicado que también se da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2011 que estima una cuestión de inconstitucionalidad interpuesta en 2001 por un castellano-manchego contra un artículo de la anterior ley del gobierno socialista, que no dejaba participar a los mayores de 65 años en los procedimientos para la instalación de nuevas farmacias.