Los casos registrados de abusos sexuales a menores se han mutiplicado por 16 en Castilla-La Mancha desde 2010 según el último informe del proyecto de atención al menor en CLM, al pasar de 18 a los 288 casos anuales registrados actualmente en lo que va de 2014. Tras la creación de este programa se ha ido extendiendo el conocimiento del servicio y consecuentemente el número de casos denunciados.
Los casos se dan en mayor medida en niñas de entre 7 y 9 años, y la mayor parte de los mismos son intrafamiliares, que incluirían al padre o a la persona que tutela al menor.
Se da una mayor vulnerabilidad de las niñas frente a los niños (60 y 40 por 100 respectivamente). En los niños varones la franja de edad más afectada es la que va de los 10 a los 12 años.
El último informe del proyecto de atención al menor en CM revela que los casos de abuso sexual se dan en mayor medida en las niñas de entre 7 y 9 años y que aún se detecta un bajo nivel de concienciación sobre el problema entre los castellano-manchegos.
Alberto Bravo, coordinador del Proyecto de atención a menores implicados en dinámicas de abuso sexual dependiente de la Junta de Castilla la Mancha, ha hecho un balance para la Fundación Alia2 de las claves para entender la situación de riesgo de menores en la comunidad castellano-manchega.
Así, desde 2010 el volumen de casos denunciados ha aumentado considerablemente desde los 18 casos anuales hasta los 288 registrados actualmente en lo que va de 2014. Tras la creación de este programa se ha ido extendiendo el conocimiento del servicio y consecuentemente el número de casos denunciados.
Para entender los entornos en los que es más probable que el menor se vea inmerso en dinámicas de abuso sexual, Bravo destaca que la mayor parte de los casos son intrafamiliares (miembros de la propia familia del menor), que incluirían al padre o a la persona que tutela al menor.
En la diferenciación de género de los abusos, se detecta una mayor vulnerabilidad de las niñas frente a los niños (60% y 40% respectivamente) siendo la franja de edad más castigada para las niñas entre 7 y 9 años y 10 y 12 años en el caso de los niños.
EL PROCESO DE DENUNCIA
Uno de los primeros problemas es la localización temprana de los síntomas que suponen el abuso sexual infantil. Según Alberto Bravo, el responsable del programa de protección, «se va desde la exposición al material pornográfico hasta la proposición de actividad sexual, exhibicionismo, caricias, intentos de coito, masturbación y sexo oral o anal».
El miedo o la estigmatización de este tipo de abusos constituye una fuerte limitación en su prevención y denuncia, añade el informe. Por ello Bravo destaca que «es imprescindible tener claros cuáles son los mecanismos de actuación que se activan cuando les llega una denuncia: en primer lugar se entrevista al tutor legal del niño para valorar quién es el presunto responsable de los abusos. La primera medida cautelar tras la denuncia es la separación del niño del presunto agresor. Posteriormente, el menor declara a la policía, visita al médico forense y finalmente acude al juicio», detalla.
A pesar de que en términos jurídicos se ha avanzado en la protección, Bravo destaca que «sigue constituyendo un proceso demasiado largo para el menor, que se ve obligado a repetir el testimonio de los hechos en numerosas instancias con el consecuente riesgo de incrementar el trauma».
Con la idea de profundizar en la protección del menor, Bravo apunta a la importancia de este papel judicial: «Cada vez hay más jueces que permiten que el menor de testimonio por videoconferencia o detrás de una mampara para no exponerle a contacto directo al agresor», señala.
A pesar de los avances, el nivel de concienciación y sensibilización ciudadana sobre los riesgos del abuso sexual infantil continúa siendo bajo. El miedo a la denuncia y el desconocimiento a las repercusiones de la misma siguen constituyéndose limitantes para la denuncia. De hecho, Bravo destaca la importancia de la concienciación entre los padres sobre estos casos, que en ocasiones «encuentran recelo e incluso negación de los hechos».
La gestión de la agresión tiene relevancia en sus fases posteriores, donde las secuelas en el niño pueden variar según cuatro factores principales: Vínculo del niño con el agresor; la gravedad del abuso; la capacidad de comunicación del menor para expresar los problemas sufridos; y la respuesta de la familia.