El Gobierno de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos aportaron en el ejercicio 2010 casi 400 millones de euros a las empresas y entidades públicas de la región, que acabaron el ejercicio con un endeudamiento bancario de 1.786 millones de euros. Estos datos se desprenden del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la revisión formal de las cuentas de las empresas y entes del sector público regional no sometidos a contabilidad pública del año 2010, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
El endeudamiento bancario de todas las empresas y entidades públicas a fecha 31 de diciembre de 2010, sin tener en cuenta los intereses devengados no vencidos, ascendía a 1.786 millones de euros, de los que el 31 por 100 corresponde a Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman); el 20 por 100, a la Sociedad de Carreteras, y el 16 por 100 al Grupo Instituto de Finanzas, según los datos recabados por Efe.
El informe de la Sindicatura desvela que el endeudamiento bancario creció en 2010 un 21 por 100 con respecto al ejercicio anterior y que se duplicó en los tres últimos años.
En concreto, sin contar los intereses, Gicaman debía 560 millones de euros, la Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha 360 millones, Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha 290 millones y el Grupo Instituto de Finanzas 211 millones.
Servicios Hospitalarios Generales debía 100 millones de euros, Geacam 97 millones de euros y la Empresa regional del Suelo 79 millones.
Cerraron el año sin deuda con los bancos la Agencia de Gestión de la Energía de CLM, la empresa Don Quijote, el Instituto de Promoción Turística, la Agencia de Captación de Inversiones y el ente público Radio Televisión Castilla-La Mancha.
De los casi 400 millones que la Junta aportó a las empresas públicas en 2010, que suponen un 7 por ciento menos (32 millones de euros) que en 2009, aún quedan pendientes de pago 105,7 millones.
Del total de estos casi 400 millones, 77,2 millones correspondieron a transferencias corrientes; 272 millones fueron aportaciones de capital; 12,8 millones se aportaron al capital social y la mayoría de otros 36,5 millones fueron facturas por compra de bienes y prestaciones de servicios.
La plantilla del conjunto de empresas y entidades públicas de Castilla-La Mancha ascendía a finales de ese año a 3.256 trabajadores, de los que el 76 por 100 (2.480) pertenecían a Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) y 443 eran empleados del grupo Radio Televisión de Castilla-La Mancha (RTVCM).
El importe en sueldos y salarios, incluidos los gastos sociales, aumentó en 2010 un 14 por ciento y rozó los 88 millones de euros, de los que 67,4 millones de euros corresponden a sueldos y 20,4 millones a los gastos sociales.
En ese mismo ejercicio efectuaron modificaciones al capital social el Instituto de Finanzas, que amplió algo más de un millón de euros, y Servicios Hospitalarios Generales, por importe de 11,4 millones de euros, en ambos casos desembolsado íntegramente por la Junta.
El informe también destaca que la empresa Don Quijote redujo su capital en 3,8 millones de euros y no tuvo ninguna subvención.
La Sindicatura indica que algunas empresas que reciben transferencias con finalidad indeterminada para financiar déficit de explotación o gastos generales de funcionamiento imputaron sus importes como ingresos en lugar de como aportaciones de socios.
Por otra parte, la Sociedad de Carreteras y la empresa Infraestructuras del Agua presentaban una situación de desequilibrio financiero y otras cuatro empresas (Gicaman, Geacam, la Empresa Regional del Suelo y Vivienda y la Sociedad de Infraestructuras Aeroportuarias) presentaban un bajo grado de seguridad a sus acreedores a largo plazo.
El síndico recomienda elaborar una norma similar a la Intervención General del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el BOE para las entidades del sector público empresarial y fundacional que no tengan obligación de publicar sus cuentas anuales en el registro mercantil.
Esta posibilidad afectaría, en particular, a las cuentas del ente RTVCM y a la empresa Infraestructuras del Agua.
También recomienda regular un contenido complementario a las cuentas anuales, tales como ejecución presupuestaria, contratos-programa, contratación, personal y garantías, conforme se efectúa en el sector público estatal.
Las empresas públicas revisadas por la Sindicatura son Gicaman, Geacam, RTVCM, Agecam (Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha), el Instituto de Finanzas, la Empresa Auxiliar de Servicios, Infraestructuras y Asistencia; el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos, la empresa Servicios, Inspección y Certificación Agroalimentaria de Castilla-La Mancha y la empresa Don Quijote.
También han sido revisadas la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha (Sodicaman), la Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha, Servicios Hospitalarios Generales, el Instituto de Promoción Turística, la Agencia de Captación de Inversiones de Castilla-La Mancha, la Empresa Regional del Suelo y Vivienda, la Sociedad de Infraestructuras Aeroportuarias de Castilla-La Mancha y el Ente Público de Castilla-La Mancha (ACLM).
Además, se han incluido en el informe las cuentas consolidadas del Instituto de Finanzas y del grupo RTVCM.
La estructura del sector público regional fue modificada en diciembre de 2010 -Ley de Reordenación del Sector Público de la Junta- pero en el informe del síndico no se han tenido en cuenta estos cambios.