El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, ha advertido de que la destilación obligatoria de cerca de cuatro millones de hectolitros de vino para usos industriales no va a resolver «los problemas del mercado» y ha augurado que supondrá «la ruina de miles de familias».
Alonso, que también es coordinador del grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, ha mostrado en rueda de prensa su rechazo a esta medida impulsada por el Gobierno con el fin de hacer frente a las excesivas existencias de vino y ha denunciado que supone «obligar al sector a liquidar la campaña por debajo de costes de producción».
«La medida consiste en regalar el vino a las alcoholeras para su destino industrial», ha criticado el portavoz socialista, quien ha explicado que con la destilación obligatoria se exige a las cooperativas y empresas privadas «a tirar el vino», pues el precio del alcohol industrial tiene precios «irrisorios de 0,30 ó 0,36 euros», que prevé que bajen más con la aplicación de esta medida.
Alonso ha indicado que es «la primera vez en la historia» que un Gobierno «se atreve a intervenir en un mercado para solucionar un problema de mercado, obligando a que todo se haga a costa del sector».
Además, ha advertido de que existe la posibilidad de que las alcoholeras respondan que «ni siquiera» les «interesa» el vino.
Por otra parte, ha reprochado al Gobierno de España y al de Castilla-La Mancha que no hayan contribuido económicamente a la puesta en marcha de soluciones, mientras que el Ejecutivo «cuando quiere rescatar sectores lo hace, como con ayudas a empresas que fabrican automóviles».
«No podemos entender cómo no se quiere rescatar la economía de 70.000 familias cuando el Gobierno encuentra dinero para automóviles y autopistas», ha lamentado.
Además, ha subrayado que es «falso» que esta medida se haya tomado con el acuerdo del sector y ha dicho que si ha recibido apoyo ha sido porque se les «ha dicho: o te corto un brazo o te corto los dos, y el sector, salvo UPA, ha dicho, bueno que me corten un brazo».
Del mismo modo, ha considerado que es «incomprensible» e «intolerable» que el Gobierno de Castilla-La Mancha «manifieste su acuerdo con unas medidas que van a suponer la ruina de miles de familias».
Así, ha instado a la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, y a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, a que acudan a las asambleas de las cooperativas y hablen allí «de las bondades de este acuerdo, de qué efecto positivo va a tener sobre el mercado de vino y el bolsillo de los viticultores».
A su juicio, el Gobierno de Castilla-La Mancha es «culpable directo de esta situación» porque no ha tomado medidas antes, pese a que, según ha afirmado Alonso, cuenta con datos desde los meses noviembre y diciembre del pasado año en los que «le alertaban de la gravedad de la situación».
«El Gobierno de Castilla-La Mancha de nuevo traiciona los intereses regionales cuando todo el sector unánimemente le pide que defienda una destilación de crisis y nos consta que no la ha defendido en ningún momento», ha criticado.