El PSOE de Castilla-La Mancha recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la ley electoral que aprobaron las Cortes regionales, con el voto a favor del PP y el rechazo de los socialistas, ha adelantado el secretario regional Organización del partido Jesús Fernández Vaquero.
Fernández Vaquero ha explicado en rueda de prensa que el recurso va a empezar a elaborarse ahora y se presentará probablemente a mediados o a finales del mes de septiembre en el Tribunal Constitucional, ya que disponen de tres meses para su presentación desde su aprobación en la Cámara autonómica.
Ha justificado la presentación del recurso, porque el PSOE entiende que la reforma de la ley electoral ha sido «una decisión arbitraria», que ha sido consecuencia de una modificación previa del Estatuto de Autonomía que se hizo «solo para reformar la ley electoral e intentar ganar las elecciones con trampa».
Según Fernández Vaquero, la reforma de la ley electoral «se corresponde con estudios electorales del Partido Popular» y tiene como objetivo «dejar a más de 200.000 castellanomanchegos sin voto real, sin representación en las Cortes».
«No vale el argumento del ahorro», ha considerado el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, quien ha recordado que hace un año la situación económica estaba igual y se amplió el número de diputados en las Cortes regionales, «porque entonces le salían las cuentas y ahora no».
Al respecto, Vaquero ha opinado: «no se puede actuar de manera tan arbitraria, no se puede decir un día una cosa, al mes siguiente otra y a los tres meses otra».
«No hay razones para haber aumentado el número de diputados hace un año aproximadamente y ahora reducirlos a la mitad», ha reiterado Vaquero, quien ha aseverado: «es una mentira permanente y continúa».
A su juicio: «es absolutamente demencial lo que está pasando en esta región», ya que con la reducción de diputados las Cortes de Castilla-La Mancha pasan a ser «prácticamente una diputación provincial», sin posibilidad de controlar al Gobierno autonómico.
«Lo que se pretende es dejar sin capacidad de control a los diputados», dentro de una estrategia de «quitar cualquier elemento de control», como ha ocurrido con la supresión de la Sindicatura de Cuentas, y diferir ese control «a organismos que están puestos en el punto de mira de la transparencia y de la imparcialidad como es el Tribunal de Cuentas».
Además, ha acusado al PP de haber diseñado en la sede central de Génova una estrategia en que se incluye la disminución del número de diputados en todas las comunidades autónomas «para vestir el pucherazo que han hecho en Castilla-La Mancha, que les está causando un daño irreparable en la credibilidad democrática que tiene en el resto del país».