El extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Toledo, Lamberto García Pineda, declara hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por el contrato otorgado por el consistorio a la empresa Sufi para el servicio de limpieza y recogida de basuras.
El juez del caso Bárcenas adoptó la decisión de citarle a las 11.00 horas tras recibir un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que concluyó que la contratación de Sufi, filial de Sacyr, podría ser nula de pleno derecho porque cuando ya se estaba ejecutando el contrato se adoptó una modificación del precio omitiendo el procedimiento legalmente establecido.
El extesorero del PP Luis Bárcenas afirmó a Pablo Ruz que esta adjudicación a Sufi respondió a la entrega de 200.000 euros por parte del expresidente de Sacyr Luis del Rivero para la campaña electoral de 2007 de la actual presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
A la luz del informe de la IGAE, fechado el pasado 9 de junio, Ruz observa que en la fase de ejecución del contrato, el 21 de mayo de 2007, se produjo un preacuerdo entre Sufi y los trabajadores en el que se introdujeron incrementos salariales, que fue suscrito en un protocolo con Lamberto García Pineda.
Este acuerdo fue posteriormente ratificado por la Junta de Gobierno de Toledo el 23 de mayo de 2007, y la IGAE considera que se adoptó omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos, por lo que podría considerarse nulo de pleno derecho.
Con respecto a esta adjudicación, Ruz ya tomó declaración como imputado al gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, a quien Bárcenas dijo haber dado los 200.000 euros de Sufi y para demostrarlo entregó al juez los correspondientes recibís firmados por éste.
Cañas negó ante el juez haber recibido ese dinero y explicó que le firmó a Bárcenas unos recibís por esa cantidad porque el extesorero era su superior y le obligó a ello.
Comparecieron además el expresidente y presidente de Sacyr, Luis del Rivero y Manuel Manrique, quienes negaron cualquier tipo de donativo al PP ni la supuesta comisión de 200.000 euros para conseguir la adjudicación a Sufi.
Con estas nuevas diligencias, el juez trata también de constatar «el grado de participación» que en estos hechos «hubiera podido tener persona o personas aforadas» y que de confirmarse supondría la remisión de esta parte de la instrucción al Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha.