La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha valorado positivamente que el Ministerio haya accedido a no aplicar la destilación obligatoria de vino si en el mes de septiembre se comprueba que no hay problemas de mercado, una decisión que ha calificado de «acertada y oportuna».
Así lo ha expuesto María Luisa Soriano tras la reunión que ha mantenido con el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, en la que el representante ministerial se ha comprometido con el Gobierno de Castilla-La Mancha a sólo aplicar la destilación para uso industrial o energético hasta un máximo de 4 millones de hectolitros si así lo exigen las condiciones de mercado, señala una nota de la Junta.
Si, por el contrario, en septiembre la buena marcha de las ventas y las previsiones de campaña indican que no habrá grandes excedentes de vino no se llevará a cabo dicha destilación, que acordaron hace unas semanas el Ministerio de Agricultura y el sector para regular los posibles excedentes de vino.
Soriano ha realzado «la sensibilidad con las reclamaciones de parte de las bodegas y cooperativas del sector de Castilla-La Mancha, al que desde el Gobierno regional hemos escuchado atentamente durante estas semanas».
La titular de Agricultura ha subrayado la importancia de que esta decisión se tome en septiembre, época en la que se conocerá el volumen de existencias en las bodegas españolas a 31 de julio y también se tendrá una previsión más exacta del desarrollo de la vendimia actual.
«De esta forma se sabrá si realmente hay excedentes y, si así fuera, cuál es su volumen, porque nuestras bodegas y cooperativas nos han informado de que el ritmo de ventas está siendo bueno y que la campaña no va a ser alta, y por tanto hemos defendido que las decisiones se tomen con todos lo datos», ha señalado.
Por otro lado, María Luisa Soriano ha destacado las «importantes medidas de carácter estructural» que contiene el acuerdo para la regulación de excedentes, como la inmediata constitución de la Interprofesional del Vino, que será un foro de encuentro en el que se puedan adoptar medidas de autorregulación en favor de la calidad y de la diversificación de las producciones.
Además, el pacto prevé el desarrollo antes de final de año de un marco normativo para el reconocimiento de las organizaciones de productores en el sector del vino o el estudio de la posibilidad de limitar el incremento del potencial de producción de las superficies de viñedo apoyadas con fondos comunitarios de la medida de reestructuración y reconversión de viñedo, entre otras.