El Ayuntamiento de Talavera ha aprobado por unanimidad la moción de los tres grupos políticos, PP, PSOE e IU, para pedir al Catastro la revisión de la ponencia de valores tras los problemas con el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) urbano en suelo sin desarrollar.
La portavoz del equipo de Gobierno, María Rodríguez, ha recordado, en declaraciones a los medios de comunicación previas a la celebración del Pleno, que este compromiso surgió después de la reunión mantenida con la Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores de Talavera (Apovata).
Rodríguez ha explicado que el cambio en la ponencia de valores fue un imperativo del Catastro (Ministerio de Hacienda), ya que la última revisión de los valores catastrales en Talavera tuvo lugar en 1997 por lo que «el Ministerio nos obligó a esa nueva valoración».
Sin embargo, ha agregado que el equipo de Gobierno «nunca ha querido gravar a los talaveranos», de ahí que esta ciudad sea «la única administración en España que ha ofrecido bonificaciones fiscales de hasta el 75 por 100 en el IBI», como queda establecido en las ordenanzas de este año.
También en el pleno se ha acordado la creación de una comisión para estudiar la modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM), que estaría integrada por todos los tres grupos, así como por representantes de los colegios profesionales de arquitectos y de ingenieros de caminos, de Apovata, de otras asociaciones y de la sociedad civil talaverana.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, José Gutiérrez, ha señalado que la ponencia de valores se aprobó en 2012 y que Apovata presentó un recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central de Madrid que, de dar la razón a los afectados, supondría tener que devolver 4,5 millones de euros.
En su opinión «queda un duro trabajo por delante» pero, en todo caso, ha asegurado que «la unión de fuerzas políticas es el camino a seguir en la defensa de los intereses de los ciudadanos».
Mientras, el portavoz del grupo mixto de Izquierda Unida (IU), José María Domínguez, ha insistido en la necesidad de llevar a cabo «una revisión profunda del POM» y ha añadido que su grupo pedirá que la mencionada comisión para iniciar su modificación «sea una realidad y no se demore en el tiempo».
Finalmente, el viceportavoz y concejal adjunto a la Alcaldía, Jaime Ramos, ha aclarado que hay dos recursos diferentes, uno presentado por Apovata que afectaría a la totalidad de la ponencia de valores y que, de aceptarse, supondría la devolución de 1,5 millones de euros por año.
El segundo, que a su juicio plantea «mayor riesgo», es que de aplicarse la sentencia del Tribunal Supremo en Talavera podría suponer para el Ayuntamiento un total de 470.000 euros.
Precisamente, el presidente de la Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores, Víctor Jiménez, se ha mostrado convencido al término de la sesión plenaria de que la sentencia del Tribunal Supremo se va a ejecutar «con mayor o menor celeridad».
Además, el Pleno de hoy ha dado luz verde por unanimidad a la cesión de uso de terreno a Cruz Roja para la ampliación de su sede, con el fin de que tenga espacio para aparcar sus ambulancias.
También se ha aprobado por unanimidad la cesión de uso de un local al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para ubicar un ambulatorio en el barrio de Patrocinio y mejorar así la atención médica a los vecinos.