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viernes, 22 de noviembre de 2024
Imagen de un de las goteras del Juzgado de Torrijos.
Imagen de un de las goteras del Juzgado de Torrijos.
Reclaman una solución inmediata - 26 octubre 2023 - Torrijos

CSIF ha alertado, a través de un comunicado, que las intensas lluvias de los últimos días están agravando las deficiencias de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 2 y número 3 de Torrijos (Toledo).

Documentos en riesgo de conservación

Desde la semana pasada, las goteras están dificultando el desarrollo del trabajo habitual de los funcionarios de estos juzgados, además de poner en riesgo la conservación de los documentos, material y equipos informáticos.


Estos desperfectos vienen derivados de un deficiente mantenimiento. No en vano, las goteras son recurrentes en ambos juzgados cada vez que llueve, provocando un grave trastorno en el día a día.

Goteras, excrementos de palomas…

«En el Juzgado número 2, la gotera se encuentra en una zona de paso junto a documentación almacenada, y en el Juzgado número 3 el agua, además de excrementos de paloma, cae por el techo del pasillo de la salida de emergencia y se introduce por la puerta al tener el suelo una pequeña pendiente, lo que supone un riesgo para los trabajadores al poder provocar resbalones», afirman.

CSIF reclama la subsanación de los desperfectos y un plan de revisión de las infraestructuras judiciales para mantener las instalaciones en condiciones óptimas, así como un mantenimiento permanente.

CSIF recuerda que la Administración de Justicia continúa manteniendo enormes carencias (plantillas reducidas, retribuciones insuficientes y medios materiales escasos).

No en vano, el personal funcionario de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración continúa a la espera de negociar una subida salarial digna en línea con las funciones que realiza este colectivo a diario. Entre abril y junio, los trabajadores llevaron a cabo paros parciales, manifestaciones y una huelga indefinida sin que el Gobierno se dignase a abordar un conflicto que afecta a los 45.000 funcionarios de Justicia (el 93 por ciento de la plantilla).

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