El Gobierno aprobará mañana un plan financiero que ayudará a saldar las deudas que empresas y autónomos tienen con las administraciones públicas, una cifra que oscila entre los 30.000 y los 50.000 millones de euros.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que los proveedores podrían cobrar sus facturas directamente en las entidades financieras, a través de un consorcio entre la banca y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El Consejo de Ministros detallará mañana esta nueva fórmula financiera que pretende dar agilidad a los pagos que adeudan tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos y que según Montoro no supondrá un incremento en el déficit público.
No obstante, el ministro ha advertido de que con este nuevo plan para impagos podrían aflorar facturas no reconocidas en la contabilidad, aunque ha estimado que se trataría de una partida muy pequeña.
El objetivo fundamental es que las pymes y los autónomos puedan tener nuevos recursos para movilizar sus negocios se alivie así el estrangulamiento financiero que acusan.
La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández, ha explicado que el nuevo procedimiento de financiación que facilitará el ICO y los bancos contará con el concurso de «las más importantes entidades y es fundamental para recuperar el espíritu y el ánimo».
La Federación de Autónomos ATA ha apuntado que las deudas de las administraciones con los autónomos ascienden a unos 30.000 millones de euros, mientras que la asociación de constructoras SEOPAN estima, a cierre de 2010, en 22.300 millones la deuda viva del sector público con la construcción.
La patronal de empresarios de Castilla La Mancha, Cecam, cifra en 50.000 millones de euros las deudas contraídas por las administraciones públicas con los empresarios.
El nuevo plan financiero del Gobierno podría incluir una quita de la cantidad que les adeudan las administraciones públicas a las empresas.
También el Ejecutivo tiene que concretar si el pago de las deudas se realizará sólo a aquellos proveedores que estén al corriente de sus abonos a la Seguridad Social y no figuren en listas de morosos.
Sobre este aspecto, Cecam piden que se compruebe si el impago a la Seguridad Social del empresario es posterior a la deuda que contrajo la administración con él.
Asimismo, el plan financiero tiene que desvelar qué contrapartida tendrán los bancos por adelantar el dinero de la línea ICO.
Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, el autónomo podría ir directamente a una entidad financiera para cobrar, aunque el banco debe verificar primero la deuda contraída por la administración.
Los autónomos -ha explicado esta semana- correrían con los gastos de tramitación de la línea y con los intereses, que podrían rondar el 5,5 por 100 anual.