Un tribunal salvadoreño ordenó hoy la detención provisional del sacerdote ciudadrealeño Antonio Rodríguez, el padre Toño, informó la Fiscalía, que acusa al religioso de colaborar con pandillas.
El Tribunal Especializado de Instrucción B de San Salvador dictó su resolución tras una audiencia de más de 10 horas sobre los casos de Rodríguez y de 37 pandilleros detenidos hace una semana, según la cuenta de Twitter de la Fiscalía General de la República (FGR)
El juzgado «aceptó toda la investigación y pruebas de la Fiscalía» y decretó «instrucción formal con detención para los 38 vinculados a la pandilla 18 procesados por agrupaciones ilícitas», incluido Rodríguez, añadió la FGR.
El lunes, y por otras acusaciones de la Fiscalía, Rodríguez, natural de Daimiel (Ciudad Real), había recibido medidas cautelares de otro juzgado, consistentes en no salir de El Salvador, no reunirse con pandillas, no tomar bebidas alcohólicas y presentares ante el tribunal una vez al mes, según su defensa.
Tras la resolución dictada hoy, el religioso seguirá detenido en una dependencia de la Policía Nacional Civil (PNC), y no en un centro penal, mientras continúa el proceso en su contra.
El caso del sacerdote fue trasladado a un tribunal de Santa Ana (oeste), donde comenzó la investigación que derivó en las acusaciones en su contra.
El fiscal del caso, Álvaro Rodríguez, explicó a los periodistas que en este caso se acusa al sacerdote de los presuntos delitos de «agrupaciones ilícitas y tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios», vinculados directamente con un cabecilla preso de la pandilla Mara 18, Carlos Mojica, alias «El Viejo Lin».
Añadió que el «nexo» entre Antonio Rodríguez y el jefe pandillero fue «un hallazgo» que la FGR hizo mediante interceptaciones telefónicas durante la investigación de un caso de extorsión en Santa Ana, pero aclaró que el religioso «no» está ligado a este último delito.
Según el fiscal, como producto de su «contacto permanente» con Mojica el sacerdote gestionó el traslado de al menos «un imputado de alto riesgo» de un presidio de máxima seguridad a otro con menos restricciones.
Además, Antonio Rodríguez supuestamente también gestionó la bajada de «la intensidad de los bloqueadores» de telefonía móvil en el presidio de Cojutepeque (centro), aseguró el fiscal.
Otros señalamientos son la introducción de televisores, ventiladores, joyas o teléfonos móviles, que son «objetos prohibidos en los centros penitenciarios», añadió.
Una abogada de la defensa del padre Rodríguez, Bertha de León, declaró a los periodistas que las acusaciones «solamente son meras interpretaciones o especulaciones fiscales».
Sostuvo que «no hay un reconocimiento de voz» que compruebe que el cabecilla Mojica sea quien habla con Antonio Rodríguez en las grabaciones de llamadas telefónicas interceptadas por la FGR.
La abogada señaló que lo hecho por el sacerdote español «ha sido exagerado por parte de la Fiscalía» y que entre los demás detenidos hay quienes cometieron delitos «mucho más graves».
Antonio Rodríguez fue detenido el martes pasado en San Salvador como parte de una amplia operación de la Policía y la FGR que dejó al menos 127 detenidos por distintos delitos entre ese día y el miércoles en varias zonas del país.
Según las autoridades, los restantes detenidos, entre ellos 12 policías, tres jueces y dos fiscales, pertenecen a varias estructuras delictivas, sin relación con el caso del sacerdote.