Algunos de los jueces decanos de España (entre los que se encuentran los de Albacete, Ciudad Real, Toledo y Guadalajara), «ante el documento suscrito por el PSOE y Junts para facilitar la investidura y conociendo el contenido del comunicado publicado en la tarde de ayer por las asociaciones judiciales, (Asociación Profesional para la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente), nos adherimos expresamente al contenido del mismo», han señalado en una nota de prensa.
También la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), ante el documento suscrito por el PSOE y Junts, ha mostrado su «total rechazo frente a lo que supondría el final de la separación de poderes en un Estado de derecho que ha regido España y la vida de los españoles durante los últimos 45 años», ha indicado en un comunicado.
«La judicialización de la política y sus consecuencias»
Y muestran su rechazo «por las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias».
Los jueces decano llevan la representación institucional de todos los jueces de su partido judicial.
Como se indica en el comunicado, “el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
«Evidente intromisión en la independencia judicial»
Entienden que «ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».
De ahí que recalquen que «los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El poder judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”.