El sindicato CSIF denuncia la actitud de los responsables de la Consejería de Hacienda que «ha impedido el paso al presidente de la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la JCCM, Roberto Rincón, y a otro delegado de personal, Gratiniano Lozano, del mismo organismo, ambos representantes de CSIF, que pretendían recoger firmas para la campaña emprendida por el sindicato de devolución de los recortes llevados a cabo por el gobierno de María Dolores de Cospedal», denuncian en un comunicado de prensa.
El sindicato CSIF ha comunicado su preocupación «por la deriva del Gobierno regional en la vulneración de derechos y actividades legítimas del trabajo sindical en defensa de los trabajadores».
Según CSIF, «se les ha impedido el acceso a la Consejería de Hacienda, en Toledo, al presidente y delegado de CSIF en la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la JCCM, algo que atenta directamente contra el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público, referido a las garantías de la función representativa del personal, que establece normativamente que «los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, dispondrán.de acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral».
Los dos representantes de CSIF se disponían a recoger firmas, en el marco de la campaña emprendida por el sindicato entre los trabajadores, para que el gobierno de María Dolores de Cospedal devuelva el 3 por 100 de reducción del sueldo a todos los empleados públicos, realice una Oferta Pública de Empleo que confirme la recuperación que pregonan, que atiendan las demandas necesarias de Promoción Interna y que abonen, en virtud de las numerosas sentencias favorables en el resto del país, los 44 días correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 14 de julio de 2012, en ejecución de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
CSIF ha lamentado profundamente la actitud del Gobierno regional, que «traspasa los límites de la legalidad sin pudor alguno, limitando aún más los derechos de los trabajadores a ser defendidos por sus representantes legales tras la eliminación en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del 2014 de esta Junta de Personal».