El grupo socialista en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha recurrido la adjudicación definitiva a FCC Aqualia del 52 por 100 de las acciones de la empresa municipal Aguas de Alcázar, para la constitución de la sociedad mixta que se encargará de la gestión del servicio.
Según ha informado hoy a Efe la concejala del PSOE Ana Belén Tejado, el grupo socialista presentó el recurso el pasado jueves ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Tejado ha precisado que en el recurso se alude a la falta de evaluación de aspectos económicos de la oferta de Aqualia, a la falta de motivación en la adjudicación del contrato y a la vulneración de derechos fundamentales por impedir el acceso a la información en las mesas de contratación.
También aducen falta de análisis jurídico y económico de los pliegos de cláusulas administrativas y que la adjudicación definitiva fue adoptada por mayoría simple por el pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
Los socialistas entienden que debería haberse aprobado por mayoría absoluta, al tratarse de una concesión de un servicio público para 25 años, cuyo presupuesto supera el 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto municipal.
Con este nuevo recurso, el PSOE pretende suspender hasta que haya una resolución la firma del contrato entre el equipo de gobierno (que forman Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar), ha señalado Tejado, quien ha puntualizado que no será antes de un mes.
Durante este periodo podría quedar resuelta la demanda contra la vulneración de derechos fundamentales, presuntamente cometida por el equipo de gobierno municipal en la aprobación de la venta de aguas y sobre la cual el fiscal se ha pronunciado de manera favorable recomendando la anulación del procedimiento, ha añadido.
«Vamos a demostrar que la adjudicación definitiva del contrato a Aqualia, para la venta de la empresa pública Aguas de Alcázar, es nulo», ha subrayado la concejala socialista.
En este sentido, ha anunciado que, si fuera necesario, irán a los tribunales para defender los intereses de los vecinos y para evitar la firma del contrato, «por los graves daños que ocasionaría a Alcázar».
Entre otros perjuicios, ocasionaría la falta de inversión prevista por Aqualia durante los 25 años de concesión, ya que frente a los 40 millones en abastecimiento, saneamiento y depuración invertidos por los gobiernos del PSOE entre 1992 y 2011, de Aqualia «no alcanzará el millón de euros», ha afirmado Tejado.